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@JoakinSalazar
Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), pilule y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, hicieron un llamado a las instituciones del Estado para no violentar los derechos de la niñez y la adolescencia, y que no genere la estigmatización y criminalización del sector.
Los diferentes sectores sociales se pronunciaron en contra de las reformas de Ley Penal Juvenil, sobre todo, en los puntos que se discuten en Asamblea Legislativa de la participación de niños y adolescentes en actividades delictivas y su responsabilidad penal. Para ellos, las reformas planteadas a la Ley Penal Juvenil, contradice los principios fundamentales de la doctrina de la protección integral de la niñez y la adolescencia, hecho que representa un ejemplo claro de la criminalización que reside en las zonas afectadas por violencia, donde esta altamente asediado por grupos criminales.
“Pedimos a las autoridades competentes a que se respete el principio democrático de libre debate, para que escuchen a las entidades especializadas, el sistema integral de la protección de la niñez, debe ser escuchado, si la Asamblea nos está excluyendo, en la opinión técnica de estos debates, está disminuyendo un estándar que ha logrado el país en los últimos años”, dijo el Procurador Morales.
Y es que una de las solicitudes de la organizaciones que defienden los derechos de la niñez, es que no se les ha tomado en cuenta para plantear sus posturas en contra de las reformas planteadas para la seguridad.
El Fiscal General de la República (FGR, Douglas Meléndez, planteó la necesidad de condenar a los niños y adolescentes infractores como adultos, lo que podría llevar a condenas superiores a los 30 años para los menores.
En abril, la Asamblea Legislativa aprobó que todo menor infractor puede ser capturado bajo orden administrativa de la Fiscalía, sin tener que contar con la autorización de un juez.
Para el Procurador Morales, existen condiciones y leyes en El Salvador adecuadas para garantizar el castigo de los menores infractores, que actualmente es un promedio del 10% de la niñez y adolescencia que está siendo procesada por un ilícito. Las diferentes entidades explicaron que no buscan que no se castigue a los menores infractores, al contrario, consideran que existen leyes adecuadas que garantizan penas acordes a los estándares internacionales. Entre sus peticiones, las organizaciones solicitan que el Estado genere programas y proyectos de inversión en prevención, lo que conlleve a un cambio de las condiciones sociales y económicas, para aquellas familias o grupos familiares que residan en zonas conflictivas.
Además, piden que la Asamblea Legislativa no realice reformas a leyes de la niñez y adolescencias que riñan con la Constitución de la República y con tratados internacionales.
Asimismo, las organizaciones instan al pueblo salvadoreño para que reconozcan a la Familia y la comunidad sus roles como agentes protectores de la niñez y adolescencia, y ante la comprobación de un caso de un menor infractor se analice las principales causas que conllevan a la proliferación de la delincuencia.
