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Rebeca Henríquez
Colaborador
@DiarioCoLatino
A raíz del alza de desapariciones forzadas en El Salvador, diferentes organizaciones civiles expusieron las causas por las que El salvador debe ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Según las organizaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) registró desde enero a octubre del presente año 1,500 víctimas de desaparición forzada, acción que tuvo un incremento del 109% en contraste a 2020.
Kerlin Belloso, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que solicitarán al Estado la aprobación de políticas públicas en favor de las víctimas de desaparición forzada y de las personas que los buscan. Aunque se han tomado medidas frente a la problemática que afecta a la ciudadanía, el Estado debe reafirmar las relaciones con instrumentos internacionales de protección de personas desaparecidas para reforzar el cumplimiento de los derechos.
La abogada destacó que el 21 de octubre del presente año el grupo de trabajo de personas desaparecidas representado por diversas organizaciones civiles, solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se presentaron las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la problemática.
“La comisión Interamericana recomendó al Estado salvadoreño que tuviera acciones para prevenir este fenómeno, porque hasta el momento únicamente se habían dado acciones para tratar de reparar un poco o darle seguimiento en el ámbito penal a está problemática”, comentó Belloso, y añadió que el país está falto de mecanismos tanto nacionales como internacionales para la protección de las personas desaparecidas.
Según las organizaciones, ratificar los instrumentos internacionales permitiría un avance en la adecuación de la legislación nacional al marco jurídico internacional y sanción de los delitos de desaparición, así como brindar atención integral a familiares de las víctimas y a las personas que los buscan.
La representante de la Fundación para el debido proceso (DPLF), Sonia Rubio, comentó que se presentará ante la Asamblea Legislativa la propuesta con el análisis técnico jurídico, donde se exponen las causas por las que el país debe reafirmar su relación con entidades internacionales de protección de personas desaparecidas.
Rubio destacó que el documento a presentar a la Asamblea Legislativa contiene 7 razones para avalar la ratificación de tratados internacionales como parte del compromiso del Estado, dentro de las que destacan: permitir el complemento de la protección de los derechos internos, desarrollar diálogos con organizaciones internacionales sobre el fenómeno, reivindicar las exigencias de las víctimas de violación de los derechos humanos y el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones y tratados internacionales, tanto de la ONU como de la OEA.
