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Ética y política
José M. Tojeira
La discusión del préstamo del BID, que parecía absolutamente rota a base de discusiones en las que se entreveían muy diversos intereses políticos, se ha reanudado. Al final una lección para todos de la importancia del diálogo y de la institucionalidad. Porque hubo errores de ambas partes, que gracias al diálogo parece se van subsanando mientras se escriben estas líneas. Empezar a caminar con diálogo resulta indispensable en esta pandemia. Nos lo recuerda nuestro Arzobispo, Mons. José Luis Escobar, y nos lo recuerda también la realidad que estamos viviendo, tan fracturada y tan vulnerable mientras nos tiramos los trastos a la cabeza unos y otros. Y no es solo la Asamblea y la Presidencia de la República quienes están llamados a funcionar institucionalmente, sino muchas otras dependencias estatales.
La Fiscalía General de la República es una de ellas. Hace cinco años dos exmagistradas, Mirna Perla y Anita Calderón de Buitrago, presentaron una denuncia por la masacre de estudiantes de la UES. Ante la falta de respuesta y de acción de la Fiscalía tuvimos que enviar una solicitud al Fiscal General pidiendo información de cómo van las cosas. Pero la sospecha es que la Fiscalía se ocupa más de inventar casos contra periodistas y defensores de Derechos Humanos que de investigar crímenes imprescriptibles acaecidos en nuestro país. Presumen en los medios de comunicación de los casos que inician, Pero pocas veces cuentan cómo terminan o reconocen errores. En ocasiones inician casos varios años después de que ya han prescrito, y se olvidan de los que no han prescrito y son más graves. Dicen que defienden a la mujer y ni siquiera investigan a fondo en ese tema a algunos de los fiscales que ostentan cargos de importancia y tienen en su haber agresiones a mujeres. Institucionalidad y no conveniencia política es una de las múltiples necesidades que sigue teniendo la Fiscalía.
El sistema judicial con su lentitud y con el miedo de no pocos jueces, al menos en la primera instancia, necesita también crecer en institucionalidad. No han sido pocas las veces que hemos visto casos evidentemente montados y que los jueces alargan, o permiten que se alarguen, para no enfrentarse con la Fiscalía o la Policía. La Corte de Cuentas, lastrada por una cadena de gestiones fraudulentas y encubridoras, necesita una revisión a fondo. Lo mismo que la Procuraduría General de la República o la de Derechos Humanos, tantas veces limitadas por la falta de recursos y por el poder arbitrario de otras instancias nacionales más fuertes que se niegan a escucharlas.
La Pandemia nos ha mostrado nuestras debilidades institucionales. Solemos compararnos con orgullo respecto a otros países de Centroamérica diciendo que nuestra institucionalidad es mejor. Pero, aunque sea un poco mejor, ante las catástrofes y las emergencias aparece siempre nuestra debilidad. Y más allá de quién tiene o no la culpa, lo evidente es que nos cuesta dialogar y que la institucionalidad la dejamos demasiadas veces al margen. En medio del conflicto tendemos a alinear las instituciones en una dirección u otra, dejando al margen la verdad, la justicia e incluso, en ocasiones, la decencia. Nos cuesta reconocer errores y tenemos un sentido erróneo del honor. Para demasiada gente, y aquí hay que incluir a muchos militares del tiempo de la guerra, el honor estriba en que no se conozcan los errores cometidos. Todo lo contrario de lo que realmente honra a la persona que es el reconocimiento de sus culpas y el saber enmendarse de sus errores. El tiempo de pandemia ofrece siempre también tiempo de reflexión. Ojalá dejemos aparte los intereses mezquinos, individuales o grupales, y comencemos a trabajar con humildad tratando de servir a todos y especialmente a los más vulnerables y abandonados.
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