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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
La clase trabajadora, troche las fuerzas revolucionarias y progresistas de El Salvador hemos abierto la puerta de la democracia, generic de las transformaciones sociales, la inclusión y la transparencia en el ejercicio de gobierno. Desde las denuncias sobre el papel nefasto que en el pasado se hacía de instituciones como la extinta ANTEL (Asociación Nacional de Telecomunicaciones) para realizar fraudes electorales, hasta la batalla por un sistema judicial independiente y una Ley de Acceso a la Información Pública, han requerido muchas batallas. El ideal es que todas las instituciones cumplan su mandato constitucional y legal, y que, todas sus acciones sean puestas en función de las necesidades y derechos del pueblo.
La lucha contra quienes han hecho del Estado, y de los fondos públicos, un espacio para su enriquecimiento o beneficio de sus empresas es la lucha de la clase trabajadora y de la izquierda, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. La respuesta del sistema de justicia y de control a lo largo de décadas ha sido insuficiente, quedaron sobrepasadas y dejaron mucho que desear. Los fondos robados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Fondo de Inversión Social (FISDL), a la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ocurridos en los años 90 se quedaron sin respuesta y sin cuestionamiento de los medios de comunicación de la derecha, se quedaron en el olvido. Las pérdidas de fondos provenientes de préstamos para obras como la carretera Ex Diego de Olguín, del Hospital de Maternidad y para mejoras de otros hospitales ocurridos en la primera década de este siglo; siguen sin ser sancionados.
Los casi dos centenares de denuncias interpuestas por funcionarios y funcionarias del gobierno del Presidente Mauricio Funes, sobre hechos que contienen claros indicios de corrupción, siguen esperando la acción de las instancias del sistema judicial, muchas otras denuncias de delitos ambientales cometidos por funcionarios y empresarios y que fueron reclamados en su momento como la tala con permisos ilegales en la Finca El Espino, en Santo Tomás y otros, o la destrucción ambiental en San Juan Opico, San Luis Talpa, o San Miguel, para recordar algunos de tantos casos, la justicia es completamente ausente y es el Estado el que ha de cargar con los costos financieros y la gente con la destrucción de sus habitas y deterioro de su salud.
Esos silencios de las instituciones de justicia y mediáticos, esa capacidad de invertir la responsabilidad y condenar a la generalidad de lo que han hecho funcionarios o empresarios concretos, es la manifestación del aplastamiento de las instituciones en beneficio de intereses de grupos con poder fáctico, esa lógica es la que debe ser desmontada, esa lógica se desmonta desde el interior mismo de las instituciones y con la vigilancia de la ciudadanía honrada.
Con la llegada del FMLN a la Presidencia de la República, las y los funcionarios, dejan de tener que responder a las tradicionales presiones del poder económico, de esos poderes fácticos que hacen uso patrimonial del Estado. No es casual que los mecanismos para responder a la ciudadanía desde las instancias estatales, es hoy una obligación. Es por eso, que surgen o refuerzan instituciones como: el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) y se reforman mecanismos claves, en el Código Tributario, para informar al pueblo sobre los deudores de la hacienda pública, o se ponen en marcha mecanismos que siempre fueron parte de la ley pero insuficientemente utilizados como las Comisiones Especiales de Investigación que pusieron los puntos sobre las íes en el contrato CEL _ ENEL o los fondos donados por Taiwán que fueron a parar al partido ARENA.
Cuando ANEP dedica su petitorio al Estado (eso han sido todas las jornadas de ENADE) a la corrupción y la impunidad, pareciera que se convencen que deben ser parte de esta batalla que hace décadas libramos los sectores populares. Dos ideas surgen para recomendarles: que sea una jornada de autocrítica y un compromiso de responsabilidad ciudadana y empresarial.
Las instituciones salvadoreñas han venido experimentando un cambio positivo, a la base está el desarrollo de una ciudadanía más vigilante que asume a fondo su derecho a participar, criticar y demandar cambios. Es deber de todas y todos ayudar a su fortalecimiento para que la transparencia de las mismas sea garantía de mejor desempeño en función de la gente, del soberano pueblo que tiene derecho a una transformación para su bienestar.
Fortalecer las instituciones requiere de una cultura participativa que es lo que fomenta la inclusión y el servicio de los últimos dos gobiernos electos por el pueblo, de respeto a la Constitución y al rol que cada una tiene como mandato.
