Instituciones del Estado incumplen su deber de brindar información oficiosa

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“En los últimos años la Libertad de Prensa en El Salvador ha tenido graves retrocesos, tomando en cuenta que vamos en transición de una débil democracia hacia un Estado autocrático, una dictadura”, manifestó Ángelica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentaron el documento “Pienso dos veces antes que aparezca mi nombre”: Informe sobre Libertad de Expresión 2023, actualizado desde un enfoque de derechos humanos y de género.

“Los datos que se reflejan en este informe citan como durante el contexto electoral, los casos de los procesos en contra de las personas periodistas aumentaron considerablemente comparado a otros eventos electorales”, dijo.

“En mi caso he tenido la oportunidad de monitorear tres eventos electorales, a través del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, y esta ha sido la cifra más alta con más de 300 casos en un sólo evento electoral. Son datos que deberían preocupar a la Comunidad Internacional”, sostuvo Cárcamo.

Asimismo, denunció otras agresiones a periodistas en el uso “espionaje”, (pegasus) por parte del Estado, que consideró un “tema grave” pero el Estado salvadoreño no ha tomado medidas al respecto para su investigación y sanción correspondiente.

“A ello, debemos sumar hechos que están relacionados con socavar el ecosistema de medios de comunicación. Nos referimos al cierre de algunos espacios de comunicación, la salida de periodistas de forma preventiva debido al acoso que están enfrentando y el encarcelamiento, que ya hemos registrado en años anteriores y del cual el sistema judicial tampoco se ha encargado de esclarecer”, manifestó la presidenta de APES.

“Todo esto bajo un enfoque de impunidad en instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la cual, en políticas estatales debería retomar los datos que estamos presentando para presentarlo ante el Estado salvadoreño y preguntarle qué está sucediendo con la vulneración de este caso de periodistas”, agregó.

Estado de Derecho fuerte y democrático

Miguel Las Fuentes, representante de Comunidades Unidas, señaló que este informe contiene “insumos” para que otras organizaciones lo retoman en sus propios procesos de reflexión y análisis de desarrollo. En un momento histórico y complejo que se vive en El Salvador y el mundo.

“Se dice que en nombre de la seguridad todo vale y se nos quiere vender la idea que los derechos humanos no son fundamentales, que podemos renunciar a ellos por un bien mayor”, reseñó Las Fuentes.

“¿Hay un bien mayor que el bien común y el cumplimiento de los derechos de cada persona que integra una sociedad?, la humanidad se ha ido creando el Estado de Derecho para que sea posible la paz”, agregó.

Después de la Segunda Guerra Mundial se declaró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala “un camino”, y que sin importar “todas las incoherencias en la práctica”, se debe rescatar que sí ha mostrado una verdad, que la “seguridad sin libertad no es duradera”, y que no se podía aceptar un desarrollo que deja víctimas en su camino.

“La historia nos ha enseñado con dureza que cuando se han impuesto modelos de gobierno que renuncian al derecho, estos han acabado en totalitarismos y graves tragedias humanas”, indicó.

“El desarrollo sostenible requiere de un Estado de Derecho fuerte, en donde las personas alcancen el cumplimiento de sus libertades y derechos. Es incongruente renunciar a los derechos de todos por los privilegios de algunos”, argumentó.

Ante esta situación era de suma importancia señalar los fallos del sistema desde una lógica de inclusión social, de una visión del desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás, desde un método de participación ciudadana y libertad de expresión”, sostuvo Fuentes.

En cuanto al papel de los periodistas, el director de Comunidades Unida acotó que el rol de los y las periodistas era importante porque desde las “voces críticas” se pueden corregir medidas y avanzar. Y era clave que el periodismo independiente sea el “térmometro de la salud política y democrática de un país”, a partir del acceso a la información oficiosa.

El Salvador en acelerado detrimento de derechos y libertades

Jorge Rodríguez , coordinador del Observatorio Universitario de Derehcos Humanos (OUDH), admitió que como otros informes o investigaciones, se ha establecido que en El Salvador “ha sufrido un proceso marcado y acelerado en detrimento de los derechos humanos”. Y que el régimen de excepción, es una realidad que ha impactado en los últimos 2 años, los derechos fundamentales de la población salvadoreña.

“Tenemos la violación al derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, el derecho a la libertad de personas que han sido capturadas de forma arbitraria, o el derecho a las garantías judiciales de miles de personas que están sin poder acceder a este tipo de garantías y el derecho a la vida de las personas fallecidas en el marco de la privación de su libertad”, explicó.

“Desde el año 2020 venimos generando no sólo informes sobre el estado del derecho a la información y también nos hemos dado cuenta que cada nueva temática que investiguemos las instituciones niegan la información oficiosa y eso es grave”, sostuvo Rodríguez.

En cuanto a la vulneración del derecho a la información y la Libertad de Prensa, Rodríguez explicó parte de la metodología utilizada para evaluar la situación que enfrenta el gremio periodístico en la búsqueda de información pública, y un análisis sobre el cumplimiento de las responsabilidades de 18 instituciones.

Asimismo, enfatizó que de 9 indicadores de investigación, son 3 los que sobresalen, el primero relacionado al número de denuncias recibidas por el Estado sobre una figura penal, que se llama atentados relativos al derecho de asociación y reunión.

El segundo, referido al número de denuncias recibidas por el Estado sobre atentados al derecho de libertad de expresión y, el tercero, el número de solicitudes de apelación recibidas por las instituciones públicas, y en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAPI).

“Estos 3 indicadores los enmarcamos porque son mecanismos de protección que debería tener el Estado frente al derecho de libertad de expresión y en particular el sistema de control institucional y que le IAIP debería de ejercer en su rol con la ciudadanía que se ve afectada en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública, entre otros”, argumentó.

“La ausencia de información del número de denuncias sobre este tipo de vulneraciones o la negativa de estas instituciones para transparentar estas denuncias, puede ser síntoma inicial de la ineficacia que tienen por ahora los mecanismos de control y por tanto, del inclumplimiento del Estado salvadoreño con respecto a sus obligaciones de garantía de estos derechos”, reafirmó Rodríguez.

En cuanto al cumplimiento del artículo 10, de la Ley De Acceso a la Información Pública y sus subsiguientes 25 ítems, establecen que todas las instituciones deben contar con información oficiosa disponible, y que no es necesario hacer una solicitud al IAPI para que las instituciones entreguen su información a la ciudadanía o periodistas.

“En ese sentido se listaron 18 instituciones y se realizó un análisis de evaluación numérica en donde cada ítem tiene una nota, en donde el mayor tiene 10 por cumplimiento total y Cero cuando no hay información en los portales. Y las calificaciones intermedias para quienes cumplieron a medias.

“Lo que hay que resaltar es que ninguna de las 18 instituciones cumplió a cabalidad con ofrecer su información oficiosa, esto ya en sí mismo es grave porque esto es un mínimo de tener a disposición esta información. Como el ítem 6, que es sobre el listado de asesores y sus respectivas funciones sólo fue publicado en 2023 por dos de las 18 instituciones”, comentó Rodríguez.

Libertad de expresión y difundir información

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en su intervención reconoció que en la fase de consulta aún falta “profundizar todavía en toda la normativa internacional”, con el fin de permitir conocer más de qué manera se puede acceder a este derecho de la libertad de expresión.

“Hemos llegado a la conclusión que el problema no radica en la normativa entre El Salvador y los tratados que ha ratificado, es decir, de las consultas que se hicieron en el marco normativo existente era suficiente para proteger la libertad de expresión, sin necesidad que exista una reforma o aprobación de otras leyes”, dijo.

“Porque el problema central no radica en las normas que protegen este derecho, sino a dos situaciones: primero, el desmantelamiento de la institucionalidad pública responsable de proteger y garantizar este derecho, que implica la segunda situación, la inoperancia de las instituciones de gobierno para adecuar la aplicación en general de la normativa tanto nacional como internacional, y por supuesto la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones”, expuso Santos.

En cuanto al “caso del periodismo”, la directora del IDHUCA, que la investigación es una labor propia que realiza , así como, algunas organizaciones de la sociedad civil y otros tanques de pensamiento que realizan solicitudes de acceso a la información pública.

“El deterioro en el ejercicio y garantía del derecho al acceso a la información es evidente. El Sistema no está reaccionando según el marco legal nacional e internacional del que El Salvador es parte, que confirma la gravedad del retroceso en la negativa de la información que por ley es oficiosa”, alegó.

“Existe un alto porcentaje de incumplimiento instituiconal de las obligaciones de transparencia y se advierte cómo existe una obstaculización articulada del derecho de acceso a la información, incluyendo a la propia institución responsable de garantizar la -AIPI- , que tiene obligaciones legales de generar informes como lo establece su artículo 60 de su ley”, puntualizó Santos.