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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Vicerrectoría de Proyección Social y el Departamento de Economía de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) dieron a conocer los resultados del “Análisis Socioeconómico de El Salvador, año 2021”, el cual reveló que el monto del pago por servicio de la deuda externa ha crecido, porque El Salvador ha adquirido la deuda más cara, en condiciones de desventajas en el mercado y financiada por instituciones financieras privadas, que son quienes incrementan los costos.
Saira Barrera, directora del estudio, detalló que en 2001 el peso de las instituciones financieras dentro de todos los acreedores de la deuda era de 6.78%, mientras en 2020 fue de 54.44%, es una muestra de la importancia ganada por este segmento de acreedores que peores condiciones de financiamiento presentan al país, lo cual se traduce en un alto pago en el servicio de la deuda externa.
“El pago del servicio de la deuda significa que se debe restar al presupuesto para responder a estas acciones, hoy por hoy, lo que se paga supera al presupuesto del ramo de Salud, entre más crezca la deuda menos recursos habrá para destinar a otras necesidades apremiantes de la sociedad”, afirmó.
Asimismo, dijo que el estudio también abordó las implicaciones en la pérdida de vidas en edad productiva a causa de la enfermedad renal crónica no tradicional, la cual tiene principal afectación sobre la población masculina y especialmente quienes se dedican a labores agrícolas, dándose una relación entre la incidencia de la enfermedad, el cultivo de la caña y la crisis hidrosocial que caracteriza a ciertos territorios en el país.
Según Barrera, esta enfermedad aparte de todo lo que implica para las familias en términos económicos, también supone para el país una gran pérdida en términos de vidas en edad productiva para potenciar la economía, el equivalente a 2.9% comparado con el Producto Interno Bruto (PIB) del año 2015, por lo cual es necesario atender otras situaciones del ámbito sanitario, pues de no hacerlo implica pérdida de recursos para el país.
“Se establece que existe una relación directa entre el uso de agrotóxicos, contaminación del agua, crisis hidrosocial y problemas renales, esto genera un círculo que históricamente ha causado la muerte de muchas personas y continúa afectando la vida de quienes habitan en esas comunidades, además sigue implicando costos económicos en pérdida de vidas humanas y potencial productivo por enfermedad”, recalcó.
Otro de los hallazgos del estudio es que las medidas para contener la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 adoptadas en casi todo el mundo, son transferencias, créditos y subsidios del Estado hacia personas naturales y jurídicas, el promedio de gasto en ayudas fiscales en América Latina fue de un 8.5% del PIB, el cual fue principalmente financiado por un aumento de la deuda y del déficit fiscal.
El análisis en El Salvador arrojó que el bajo crecimiento económico y por tanto el desarrollo no se ha logrado, debido en gran parte a la baja demanda agregada en inversión; baja productividad de la fuerza de trabajo; uso ineficiente del excedente económico que ronda $7 mil millones, los se están usando de manera ineficiente, sin embargo, podrían redistribuirse en forma de inversión en la fuerza de trabajo, y por tanto, conducirá un sendero de mayor crecimiento económico.
El Análisis socioeconómico de El Salvador, año 2021, detalló que el trabajo doméstico y del cuidado desarrollado por las personas adultas mayores, especialmente mujeres, sufre doble devaluación, primero porque se trata de actividades que desaparecen de las estadísticas de trabajo remunerado; segundo, porque este sector de la población muchas veces ya no se considera productivo.
Este trabajo aporta a la sociedad, pero es invisibilizado por no ser remunerado adecuadamente, además, esta población ha sido la más vulnerable frente al COVID-19, tanto en su salud física como mental, de cada 100 adultos mayores contagiados, 25 han fallecido.
El estudio determinó que el sector público ha tenido un mayor crecimiento en generación de empleo con el 17%, frente a un 3.6% del sector privado, se estima que el incremento en el salario mínimo podría tener un impacto final regresivo sobre la distribución del ingreso, dada la regresividad tributaria.
A la vez, se mostró evidencia de la desigualdad que hay entre los municipios salvadoreños en el PIB por habitante y el porcentaje de población en situación de pobreza a lo largo del tiempo, encontrando un cinturón de precariedad alrededor del Río Lempa.
Los municipios de El Salvador no convergen, es decir, hay marcadas diferencias entre los indicadores de ingreso y de pobreza entre ellos, tampoco hay convergencia entre El Salvador y el resto de países de Centroamérica, debido a las crecientes diferencias en la cantidad de capital por unidad de trabajo entre los países.
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