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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con el objetivo de hacer un llamado a las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la justicia en el país, Wendy Morales, quien fue detenida por extorsión junto a las instituciones encargadas de desarrollar su defensa denunciaron graves arbitrariedades que se dieron durante el proceso de investigación del hecho.
“La Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC violentan el principio de inocencia porque te culpan desde el momento en que ingresas. Los agentes policiales te estigmatizan diciéndote que vas a pasar ahí durante mucho tiempo porque eres culpable, además, los defensores de oficio que te asigna la procuraduría a veces no llegan a informarte sobre como va tu caso”, denunció Wendy Morales, defensora de Derechos Humanos.
Morales indicó que si bien entienden que instituciones como la FGR, la PNC y la Procuraduría General de la República, se encuentran con saturación de casos por falta de recursos humanos y económicos para realizar investigaciones profundas en cada uno de los casos, el deber de estas entidades es el de garantizar el derecho a la justicia de la manera más ética posible.
Al respecto, Nelson Flores, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), indicó que la manera de actuar de las autoridades judiciales, tanto en el caso que involucró a Wendy como en otros casos similares, responde a la estigmatización que sufren hoy en día los jóvenes.
“Una de las grandes debilidades que existe en nuestro país es que siempre se ha carecido de una verdadera investigación científica, la Fiscalía muchas veces investiga de forma deficiente los hechos, además existe una marcada estigmatización hacia la juventud más en los territorios donde hay presencia de pandillas y pobreza”, agregó Flores.
Según FESPAD, existen muchas denuncias de arbitrariedades cometidas por agentes policiales quienes detienen a jóvenes por su forma de vestir, estilo de cabello o por residir en zonas con alta presencia por parte de las pandillas.
En el mismo orden, Wendy Morales, denunció las graves condiciones de saturación e insalubridad a las que son expuestos los privados de libertad en las bartolinas. “Existen condiciones de insalubridad que violan los derechos humanos de las personas detenidas, ya que las celdas donde se encuentran recluidas no cuentan ni con baños para que uno haga sus necesidades biológicas, en ocasiones las personas duermen paradas porque hay poco espacio, esto es contra la ley porque es conocido que el único derecho que pierde al ser detenido es el de libertad, no así los demás derechos”, agregó.
Tanto Morales como FESPAD y la Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos denunciaron la inoperancia del sistema informático de la empresa TIGO MONEY (Mobile Cash) quienes entregaron un dato falso sin comprobación de ninguna índole, brindando a la FGR un nombre y número telefónico equivocado, que provocó la captura de una persona inocente.
Morales recibió el sobreseimiento definitivo a su favor por el caso de extorsión que se le imputaba, el 22 de diciembre de 2016, por parte del Juzgado de Instrucción de Osicala, Morazán, quienes atribuyeron el caso de falsedad a la empresa antes mencionada.
