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Redacción YSUCA
El aviso que recientemente recibieron más de 400 trabajadores en edad de retiro de la Procuraduría General de la República (PGR), que consiste en el cese de sus funciones, es una medida en el marco del plan económico y medicina amarga que anunció Nayib Bukele en el discurso de toma de posesión de su segundo mandato inconstitucional.
Un analista político y docente universitario, que brindó declaraciones a Radio YSUCA, en condición de anonimato, sostiene que los despidos se están dando en varias instituciones de Gobierno, y se tiene conocimiento que se incrementarán en la medida que se acerca el final del año 2024.
El analista también dijo que existe evidencia que sólo algunas plazas de las personas cesadas en las instituciones son cubiertas, especialmente con personal joven y con poca experiencia, a quienes se les paga un salario inferior al establecido en el presupuesto institucional. En algunos casos, con el monto destinado para un salario presupuestado se paga a dos empleados jóvenes.
Otra medida que el Gobierno está utilizando para cubrir las plazas que quedan vacantes es a través de solicitudes que hacen a la universidades privadas del país para que les proporcionen estudiantes en servicio social o estudiantes en pasantías. En este último caso, reconocen a los estudiantes pasantes una bonificación económica de aproximadamente $275.00, y sin derecho a prestaciones como Seguro Social y AFP.
Los pasantes deben presentarse de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde; es decir, que prácticamente fungen como empleados públicos, pero no reciben el equivalente al salario mínimo del sector servicios.
Opina que esto, por un lado, afecta directamente a las personas que se quedan sin trabajo; y por otro, se pauperiza el trabajo de la juventud que se inserta al mercado laboral. La misma fuente aseguró que recientemente se ha visto a Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, en reuniones con algunos representantes de universidades privadas del país, para solicitar entre otras cosas, el apoyo a los planes que el Gobierno pretende desarrollar.
La fuente sostiene que con estas medidas, el gobierno puede pretender bajar el gasto corriente estatal. Pero que esta medida, aparte de impopular es contradictoria, ya que recientemente ha sido público que algunos funcionarios ostentan salarios mensuales superiores a los cuarenta mil dólares.
