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Redacción Nacionales
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El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional y un plazo de instrucción de seis meses para 15 personas acusados de estafa agravada, lavado de dinero y activos, uso y tenencia de documentos falsos, obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes u otros medios similares y agrupaciones ilícitas.
Según la solicitud de imposición de medidas presentado por el ministerio público fiscal, los imputados se hacían pasar por empleados de instituciones públicas y presentaban constancias salariales, constancias de pago y documentación sobre su plaza a dos entidades financieras. Ahí eran atendidos por Christopher Jonathan Pacheco Juárez, quien encabezaba la estructura y daba el visto bueno para otorgar los créditos, a pesar de que la documentación supuestamente era falsa.
A Pacheco Juárez le encontraron más de veinte cheques a su nombre y más de $170,000 sin justificar en su cuenta bancaria.
El juzgador consideró que existe suficiente prueba para que el caso pase a la siguiente etapa y continúe la investigación contra la estructura. En el caso de los imputados que se encuentran en carácter de ausentes, su situación jurídica se resolverá en los próximos días.
Caso de extorsión
En otro caso judicial, el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio en el proceso que enfrentan Erick Alexander A. C. y Oseas Ezequiel O. V. acusados presuntamente de extorsión agravada en perjuicio del propietario de un negocio.
De acuerdo con la acusación, la víctima presuntamente comenzó a ser extorsionada desde el año 2014, cuando los acusados se presentaron como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), exigiendo que se les entregaran cada quince días la cantidad de $90 para no atentar contra la vida del propietario del negocio o su familia.
Con el paso del tiempo, según afirma la víctima, la cantidad extorsionada aumentó, llegando a entregar $175 quincenales; sin embargo, para el año 2021, los acusados habrían elevado nuevamente la cantidad exigida, demandando recibir $400 al mes. En esos días, los acusados fueron detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas, fue entonces que la víctima de extorsión los reconoció e interpuso la denuncia.
Tras admitir la oferta probatoria, el juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de la detención provisional para ambos procesados.
