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Redacción Nacionales
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El Juzgado de Paz de Conchagua, La Unión, desarrolló la audiencia inicial contra los imputados presentes Jesús Abelino Medina Flores, exalcalde de Conchagua, y los exempleados municipales Cristiana Lissette García de Cárcamo, Elías Natanael Grande Martínez, y los acusados ausentes Roberto Vásquez Escobar y Fidel Ángel Martínez Veliz. A todos se les imputan los delitos de peculado, negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
La jueza ordenó la detención provisional del exalcalde Jesús Abelino Medina Flores mientras el caso pasa a la etapa de instrucción, en la que todos los imputados continuarán el proceso judicial. Además, se estableció una caución económica de $3,000 para dos de los exempleados municipales.
Según fiscalía, estas personas cometieron anomalías en la contratación y ejecución de un proyecto municipal para la construcción de un pozo de abastecimiento de agua potable, desarrollado en el período municipal de 2018 a 2021.
De acuerdo con las investigaciones se encontraron pagos de $41,853.70 en obras no ejecutadas y $58,820.54 en pago de estimaciones de obras ejecutadas con deficiencia constructiva. Presuntamente, la alcaldía asignó tres millones de dólares, provenientes de créditos solicitados a distintas instituciones crediticias. En el caso del exalcalde Medina, se le acusa de apropiarse de más de $61,000.
Cabe mencionar que Jesús Abelino enfrenta otro proceso judicial, el cual fue enviado a la etapa de sentencia el pasado 12 de noviembre.
También, este viernes, se llevó a cabo la Audiencia Preliminar contra Napoleón Iraheta Jirón, alcalde La Paz Centro y César Augusto Ticas González, jefe del departamento de Catastro de esa municipalidad. Ambos son acusados de ordenar el desmantelamiento de negocios que estaban ubicados en la entrada de un balneario municipal de la Costa del Sol.
En el caso, el Tribunal de Medio Ambiente ya había emitido una resolución para el desalojo de los negocios; sin embargo, los procesados sobrepasaron la decisión de la sede judicial. Por estos hechos, la FGR acusa a ambos por los delios de incendio y actos arbitrarios.
El hecho ocurrió el 14 de mayo de este año, 14 días después de que ganará la municipalidad bajo la bandera del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). El edil goza de libertad, pero bajo medidas
“La pretensión fiscal es un auto de apertura a juicio en virtud que se poseen sólidos elementos probatorios para que este proceso transite a la siguiente etapa, en virtud de poseer prueba testimonial, pericial, así como también prueba documental”, dijo el fiscal del caso.
