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@JoakinSalazar
Ante la petición de la Fiscalía General de la República de ampliar el proceso de instrucción para profundizar la investigación por delitos de corrupción, en el que se encuentra el ex presidente Elías Antonio Saca y otros, el Juzgado Cuarto de Instrucción otorgó la prórroga de seis meses, por lo que dicha etapa se amplía hasta noviembre.
La prórroga de instrucción se establece hasta el 30 de noviembre, pues inicialmente se vencía el 31 de mayo. “Es procedente por la cantidad de diligencias, abundante información que actualmente se está incorporando al proceso y la que está pendiente aún de incorporar”, justificó el juez Rigoberto Chicas.
La Fiscalía argumentó que se trata de delitos cuya investigación es compleja y con multiplicidad de eventos, por lo que necesita una etapa más amplia para profundizar la investigación.
Para la Fiscalía este es un proceso penal complejo por el elevado número de personas naturales y jurídicas a investigar, así como la realización de diligencias de análisis patrimoniales por cada imputado, desde tiempos anteriores, la traducción de documentos y asistencias internacionales para determinar si los imputados tienen o han tenido bienes inmuebles en ciertos países.
El juzgador consideró otorgar la prórroga por lo que los peritos permanentes y accidentales, se les autoriza más tiempo en la elaboración de la auditoría forense contable o pericia financiera, y para la obtención, vaciado y resguardo de información electrónica.
Cabe señalar “que estas diligencias aún están pendientes y que no se han podido realizar dentro del plazo del 30 de mayo, por la cantidad de documentos a analizar”, explicó el juzgador.
Por este caso, el ex presidente Saca es acusado por la Fiscalía de haber desviado $246 millones de dólares, fondos provenientes de la partida secreta del Órgano Ejecutivo.
De igual manera está procesado Elmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, ex funcionarios del gobierno de Saca y los empleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, Alberto Herrera y Pablo Gómez son acusados de delitos de corrupción, al presuntamente conformar una estructura criminal en la que se beneficiaban con fondos del Estado.
Los imputados son acusados de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, delitos cometidos presuntamente en su gestión presidencial entre los años 2004 al 2009. De acuerdo con la investigación fiscal, los fondos que presuntamente se apropiaron provienen de una cuenta institucional del Tesoro Público de la Casa Presidencial, dinero que desviaron a empresas privadas, personas naturales y jurídicas.
