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Gloria Silvia Orellana
Silvia@CoLatino
“ En Centroamérica se ha analizado que los marcos jurídicos de protección de derechos humanos no se están cumpliendo”, explicó Yanira Cortez, consultora independiente en derechos de medioambiente, en su participación del Encuentro Regional Alianza Centroamericana Frente a la Minería.
“Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que se encuentran relacionados con la Consulta Previa y el Consentimiento Libre e Informada, si bien no tiene larga data de aplicación, sí tiene a favor su actualidad y especificación en situaciones como las que vivimos en la región”, reseñó Yanira Cortez en entrevista a Diario Co Latino.
¿Qué es la Convención 169 en la lucha social?
-A nivel específico la Convención 107, de Pueblos Indígenas, fue la primera en la historia, pero en ese momento tenía otro tipo de enfoque casi “paternalista”. Ahora es el Convenio 169, que ya en su redacción incluye a organizaciones internacionales e incluye el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y colaboran los mismos pueblos originarios.
Es un articulado que defiende o protege una serie de derechos que se relacionan con participación y consulta, que incluye el derecho a elegir su modelo de desarrollo.
¿Qué otros instrumentos existen para atender las demandas de los pueblos?
-Hay otros instrumentos como los protocolos, se puede acudir al Protocolo de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y este último en su primer artículo, habla ya de ese concepto de los grupos que tienen derecho a expresarse libremente, o el artículo 27, que se refiere al respeto de la raza, respeto a las costumbres, o sea, cuerpos normativos integrales.
Y están otros documentos importantes como la Convención de Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, que es una recomendación más explícita con respecto a los derechos indígenas.
¿Cuáles son los instrumentos jurídicos a nivel latinoamericano para los derechos de los pueblos indígenas o comunidades?
-Hay mucha jurisprudencia, más que todo en el Sistema Interamericano que habla de todos estos derechos muy importantes y que velan: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/CorteIDH).
Se encuentra también la Declaración de los Pueblos Indígenas, que ya cuenta con el concepto de libre determinación de los pueblos, que es una declaración que regula una gama de derechos desde el año 2007, más moderna y se acomoda a los tiempos. Un instrumento que considero muy importante porque es retomado en los análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte (IDH) hasta los mismos relatores, que conforman los diferentes Comités de la ONU, la utilizan en la disposición del desarrollo y derechos de los indígenas.
Todos estos instrumentos conforman el “corpus juri” de protección de derechos de los pueblos indígenas y comunidades, que da un trato diferenciado para que puedan protegerse sus territorios o sus bienes naturales. Esto no es poca cosa, porque la consulta previa tiene que ver con la tríada de: Consulta Previa, Democracia y Soberanía de los Pueblos, que son tres conceptos básicos para crear convivencia armónica entre gobiernos, y además, dar categoría de dignidad al ser humano en América Latina.
¿Qué opinión tiene frente a los problemas que enfrentan los pueblos de la región y la industria extractiva?
-El mismo Anaya, exrelator de los Pueblos Indígenas, señaló que cuando no cumple el Gobierno de manera estricta las normativas del derecho internacional como la consulta previa esto culmina en conflictividades.
Y en este encuentro hemos escuchado cómo los pueblos indígenas defienden sus derechos y como los deslegitiman, desacreditan, y lo peor, cuando emplean la violencia.
Esa criminalización del movimiento social o pueblos indígenas, es cuando no satisfechos de desacreditarlos recurren al proceso judicial penal, que es una presión para sacar del camino al activismo social a través del miedo, que al final crea desgastes de los diálogos.
¿Cuál es la situación en El Salvador?
-En América Latina se puede observar cómo el aparato judicial, que es instrumento disuasivo contra el delito, ahora es utilizado para acallar a los defensores de derechos humanos o ambientalistas, en El Salvador el caso de Tacuba y la Junta de Agua de la comunidad es una realidad sobre este tema, que es triste y preocupante porque, recordemos, también tenemos el antecedente de ambientalistas que fueron asesinados.
Este es un momento estratégico para toda la región, en donde debemos de unirnos, aunque existan diferencias, al final el objetivo es el mismo, la defensa de los territorios, la defensa de nuestra agua, la defensa de nuestras vidas.
