Iosu Perales
En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha presentado el novedoso proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional. El texto, purchase aún preliminar, será examinado por el Consejo.
El documento, en su redacción actual, plantea como la solidaridad entre naciones y pueblos es un principio que sostiene una amplia agenda que contempla la asociación entre países en condiciones de igualdad, e incluye las relaciones económicas y la integración política como la convergencia de propósitos y acciones entre los pueblos, las personas, los Estados y sus organizaciones intergubernamentales con el fin de fortalecer la democracia, la sostenibilidad ambiental y la supervivencia misma de la sociedad mundial.
El texto en estudio, propone trabajar por objetivos colectivos que requieren una acción conjunta, sobre la base de la normativa internacional de derechos, para fomentar la paz, la seguridad y los derechos humanos. El documento plantea además como las relaciones internacionales deben asentarse en valores como la justicia, la equidad, la no injerencia, la libre determinación, la coexistencia pacífica, el multilateralismo y el respeto mutuo, la soberanía sobre la propia riqueza y los bienes comunes, y el derecho de cada pueblo a elegir sus propios objetivos de desarrollo.
La solidaridad preventiva y la cooperación se erigen como rasgos distintivos de este nuevo derecho. La solidaridad preventiva consiste en llevar a cabo acciones destinadas a proteger y garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos. Ello implica que los Estados y las organizaciones inter-gubernamentales han de cumplimentar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, y los pueblos y las personas y sus organizaciones han de complementar los esfuerzos de los Estados. En cuanto a la cooperación, descansa sobre la premisa del apoyo mutuo, y en particular de los que tienen más recursos a los que tienen menos, contribuyendo de este modo a una redistribución de beneficios y cargas.
Lo que está encima de la mesa del Consejo de DDHH de Naciones Unidas es, en consecuencia y de hecho, un marco de relaciones internacionales opuesto a la actual globalización y a procesos de integración que responden sobre todo a intereses económicos de grandes corporaciones y del capital financiero. De tal manera que la solidaridad internacional asumida como derecho humano fundamental fija su atención en las personas, en los pueblos ?incluyendo los pueblos indígenas-, que pasan a ser los titulares de la solidaridad entre naciones, del mismo que los titulares de obligaciones serán principalmente los Estados y los agentes no estatales con responsabilidades en lo que son relaciones internacionales en cualquier ámbito.
El derecho a la solidaridad internacional dispone que los Estados no asuman acuerdos de libre comercio o tratados de inversión que menoscaben los medios de vida y/o los derechos de personas y comunidades y pueblos, así como prohíbe socavar los derechos de generaciones futuras, como por ejemplo, añado yo, mediante un extractivismo innecesario para la vida de las personas y perjudicial a los derechos de la naturaleza.
De lo que estamos hablando es de un planteamiento global de la vida colectiva que se manifiesta en todos los aspectos: ético, jurídico, económico, político
Se trata de la reclamación vital de otro mundo posible que desenmascara la perversión radical de una ideología globalizadora empeñada en hacernos creer que en la desregulación de los mercados se encuentra la clave de la prosperidad para todos.
Este enfoque del derecho de los pueblos a la solidaridad internacional puede y debe abrir un nuevo panorama y unas nuevas prioridades en los procesos de Integración de acuerdo con el Buen Vivir. De hecho lo que se propone en el Consejo de DDHH de la ONU es una propuesta del Buen Vivir aplicada a las relaciones internacionales, a la sociedad mundial. En la práctica, si nos detenemos en la Integración Centroamericana, sería muy pertinente invertir la agenda habitual de la Integración. En lugar de tomar como punto de partida la economía, los Gobierno de la región deberían poner sobre la mesa de negociaciones el estado de los pueblos y el mapa de sus necesidades sociales.
Es decir el Buen Vivir plantea otra lógica diferente. En lugar de situar en el centro a los mercados propone una Integración desde abajo, desde los pueblos, colocando en el centro las necesidades e intereses de las personas. Este planteamiento no es puro formalismo ni una innovación metodológica, es muchísimo más. Por eso, el capital financiero y las grandes empresas lo combatirán presionando para hacer que la Integración Centroamericana sea básicamente un libre mercado para sus movimientos de capital y mercancías -mucho menos la libertad de las personas para moverse libremente por la región-. Lo alucinante de este planteamiento neoliberal es que se apoya en un discurso de la libertad. Pero lo cierto es que es falsa la idea de que el mercado es la libertad, pues en realidad la libertad de elegir la da el dinero.
Tampoco las fuerzas económicas querrán una Integración política con un andamiaje jurídico democrático. Ni someterse a una legalidad que respete los derechos de la naturaleza. Ni el cumplimiento de las normativas laborales. Ni una Integración que respete los derechos de los pueblos indígenas y su control de territorios. Es por eso que la Integración basada en el Buen Vivir y la que responde al neoliberalismo se encuentran frente a frente. Es la hora de que la sociedad civil y sus organizaciones levanten la bandera del Buen Vivir y defiendan con fuerza una Integración en clave social, democrática, ambiental. Y al hacerlo será bueno tener presente la iniciativa presentada en Naciones Unidas: la solidaridad internacional como derecho de los pueblos.
Descartada la necia teoría del fin de la historia, la vida sigue. Y como cantó Pablo Neruda, no es hacia atrás la Vida.