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Alessia Genoves
Colaboradora
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa aprobó, con 63 votos, la reforma a la Ley Orgánica Judicial que da lugar a la integración de Cámaras Contra el Crimen Organizado, en medio de controversias al régimen de excepción, vigente por 19 meses.
Estas controversias se deben a los resultados que cuestionan sub-registros más allá de la cifra oficial de los casi 470 días sin homicidios; y de las más de 7,000 personas liberadas de entre un total de 73,000 personas detenidas.
En su artículo 1 se establece que “las Camaras Contra el Crimen Organizado estarán conformadas por tres magistrados. Uno de ellos será designado por la Corte Plena para conocer de los incidentes y recursos contra las resoluciones emitidas en los procesos en que se vean involucrados menores vinculados con estructuras de crimen organizado”.
La reforma reciente se adhiere con la iniciativa para la creación de 11 Tribunales Contra el Crimen Organizado, que se suman a los 38 centros judiciales que serán convertidos en Juzgados Contra el Crimen Organizado.
En total, son 42 tribunales y juzgados los que estarán facultados para aplicar la Ley Contra el Crimen Organizado.
Los 11 Tribunales Contra el Crimen Organizado serán de carácter «pluripersonal» y estarán integrados cada uno por 4 jueces propietarios y sus respectivos suplentes, según lo establecido en el artículo 3 de la ley reformada.
Además, seis de estos tribunales tendrán su sede en San Salvador y abordarán los delitos cometidos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango. Santa Ana albergará tres tribunales para los delitos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
La designación de jueces, magistrados y personal será potestad de la CSJ, según el artículo 7 de la ley. Asimismo, 9 juzgados asumirán funciones administrativas de otras sedes judiciales para optimizar la carga laboral, como parte de la reestructuración.
Controversias durante el Régimen
La actual reforma legal busca reforzar estas instancias judiciales en momentos en que el combate a las pandillas se ha radicalizado bajo la política de «guerra contra pandillas» del régimen de excepción del presidente Nayib Bukele.
Bajo ese contexto, las instituciones implicadas en los arrestos del régimen acumulan 6,250 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos; algunas motivadas por la liberación de los 7,000 inocentes.
Asimismo, más de 20,000 de los capturados son inocentes, de acuerdo a denuncias de organizaciones sociales. En el contexto del régimen, se han registrado 175 muertes en prisión, de las cuales 142 fueron sobreseídas por órdenes de la Fiscalía, según lo anunció el titular de la institución, Rodolfo Delgado.
