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Lissette Santamaría
@lissantamariaa
El Ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, presentó resultados del Sistema de Integridad Institucional, como parte del trabajo por la transparencia, medidas implementadas por la entidad desde el 2009, con la llegada del primer gobierno de izquierda.
Además, trabaja en áreas de participación ciudadana, ética pública, rendición de cuentas, esfuerzos anticorrupción y eficiencia laboral, que permita anteponer el interés público sobre el particular.
Fue en el año 2017, que el MOP decidió implementar este método, como prueba piloto, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para determinar el estado interno en el que se encontraba, era de un 52.73 % que llevaba al MOP a un arduo esfuerzo por medio de los círculos de calidad e integridad en las áreas antes mencionadas.
“Después de un año de trabajo, el reporte en informe de 2018, mostró que la institución no dicho por mí, si no por el esfuerzo que ustedes han realizado en cada uno de los círculos de integridad ha producido que la trazabilidad del ministerio sea en sentido positivo llegando a un 71.95 %”, enfatizó el funcionario.
Asimismo, señaló qué el Paso del Jaguar, fue desarrollado bajo las condiciones del método de medición del sistema de integridad realizándose de forma eficiente, correcta y limpia, ya que, se sometió a auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR), la cual dio como resultado una auditoría limpia.
Ayala dijo que dicha obra fue más barata de lo que estaba presupuestada, devolviendo a las Arcas del estado al rededor de $350 mil, para la realización de otras obras planificadas.
El titular concluyó que los compromisos adquiridos por el MOP han fortalecido la confiabilidad de los ciudadanos y la transparencia de la institución. La Política de Integridad le antecede una serie de medidas implementadas en el MOP desde el año 2009, bajo la administración del exministro Gerson Martínez, tras encontrar una institución manchada por proyectos con graves problemas legales y sin finalizarse, como la Diego de Holguín y el Bypass de Usulután, generando más de $29 millones de dólares en pagos de laudos arbitrales, fondos perdidos por El Salvador. El costo de estos fracasos fue extremadamente alto y mínimo el beneficio para la ciudadanía.
