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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa reformó la Ley Contra la Usura para prohibir los anatocismos, es decir, el cobro de intereses sobre intereses que se llevaban a cabo por parte de entidades, cooperativas, financieras, personas naturales y jurídicas, las casas de empeño, así como asociaciones sin fines de lucro que prestan dinero.
Al respecto, Diario Co Latino habló con Aronette Mencía, diputada de Nuevas Ideas y miembro de la Comisión Financiera, que fue la encargada de estudiar dichas reformas.
– ¿Qué son los usureros?
“Es cuando una persona presta dinero, pero este va generando intereses”. Precisamente el negocio como tal es ese, generar ingresos a través de los préstamos, claro, con intereses, pero no solo son las personas usureras, sino también otras entidades tal y como se planteó anteriormente.
– ¿Qué es lo que ustedes han hecho?
“Lo que se ha hecho es generar sanciones, prohibir esa práctica de cobro de intereses sobre intereses y se ha dotado al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Defensoría del Consumidor con herramientas para que puedan aplicar la ley como se debe”.
Según explicó Mencía buscan garantizar ecosistemas económicos y financieros sanos para las familias. Con esto, “pierden aquellos que se lucran con el endeudamiento”.
Paralelamente, dijo la legisladora, se trabajaron reformas al Código Civil y al Código de Comercio, “esto con el fin de ampliar la forma de regular el tema de la usura entre el trato -de personas con comerciantes- y -de comerciantes con comerciantes-. A fin de que este tema de los intereses no sea un azote para la población”.
Si se llegase a comprobar que después de entrar en vigor estas reformas, todavía existen bancos, entidades o incluso los mismos usureros que siguen cobrando intereses sobre intereses, “puede la persona afectada iniciar un proceso civil, en el cual tendrá derecho a ser indemnizada por todos los daños o perjuicio ocasionados”.
¿Cuáles serían las sanciones?
Los oficialistas establecieron sanciones de dos tipos. Para aquellos acreedores supervisados serán de 300 a 1,000 salarios mínimos y para los acreedores no supervisados van de 100 a 500 salarios mínimos.
– ¿Qué se entiende por supervisados y no supervisados?
“Supervisados: la banca formal y los no supervisados: ya entrarían; las casas de empeño, casas comerciales, los mismos usureros, es decir, estas personas que no están formalmente en la banca”.
Además, los usureros que no están registrados, “ahora están obligados a registrarse, porque lo que nosotros queremos eliminar, es que estas prácticas se sigan haciendo de una forma oculta”.
– ¿Dentro de las reformas quitaron la penalidad por el pago anticipado de capital?
“Sí. Muchas veces el usuario tiene el deseo del salir rápido del crédito. Cuando yo quiero ser un abono a capital o quiero adelantar una cantidad de dinero a mi préstamo para salir de eso, decían que no, que caía en una pena o multa por así llamarle, (esto) generaba un interés y también le exigían pagar el día que le correspondía”.
“Realmente, han existido muchísimos abusos, pero ya se puede abonar libremente y esto no le va generar nada (refiriéndose a intereses)”.
– ¿Los intereses como tal, no se han eliminado o reducido?
En concreto, no. Los mismos intereses que paga el salvadoreño por adquirir algún tipo de préstamo, lo seguirá pagando luego de la entrada en vigor de la ley.
“Nosotros dentro del mismo trabajo vamos a también a ver el tema de las tablas de los intereses. Nosotros vamos prácticamente paso a paso”.
– ¿Podrían crear una legislación al respecto?
“Sí, podría estar en estudio, pero esa es una decisión que como comisión se va a tomar en beneficio de la población, pero no podría asegurar que lo vamos a hacer; para tomar esa decisión nosotros tenemos que sentarnos nuevamente con el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Consumidor, con el Ministerio de Hacienda y hacerlo altamente consultivo, para evitar aquellas voces que dicen que nosotros queremos afectar a la banca”.
