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Sucesos Legislativo
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los hechos que marcaron el año 2020 en la Asamblea Legislativa fueron interpelaciones antejuicios, aprobaciones de decretos, préstamos para atender la pandemia del coronavirus, y el golpe de Estado fallido al Órgano Legislativo el pasado 9 de febrero. Los anteriores escenarios estuvieron vinculados directamente con el Órgano Ejecutivo, siendo el 2020 como el año de más controversia entre los dos poderes del Estado.
Minutos antes de las 4 de la tarde del domingo 9 de febrero, el Salón Azul de la Asamblea Legislativa fue interrumpida por agentes de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada encabezada por el presidente de la República Nayib Bukele para hacer presión para la aprobación de $109 en préstamos para financiar el Plan Control Territorial. Este hecho fue duramente criticado a nivel nacional e internacional. Fue desde entonces que la relación por parte del Ejecutivo y Legislativo se endureció más.
Seis días después, el 15 de febrero, hubo dos interpelaciones, a la exministra de Salud, Ana Orellana Bendek, y al expresidente de Administración Nacional Acueductos y Alcantarillados, Frederick Benítez, con el propósito de recibir las explicaciones relativas a los problemas estructurales que sufrió la distribución del agua que suministra la autónoma a los hogares salvadoreños, la cual no era apta para el consumo humano. La Asamblea sugirió la destitución de ambos funcionarios, pero, el presidente Nayib Bukele se negó, aunque lo hizo meses después.
Luego, el 21 de agosto fue interpelado el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, tras los hechos del 9F. Los legisladores recomendaron la destitución del funcionario, sin embargo, el Ejecutivo hizo caso omiso a dicha petición.
Durante los tres primeros meses del año y con la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa la emisión de 3 mil millones de dólares para combatir la pandemia y sus efectos, lo que generó un nivel de endeudamiento cerca del 90 % del Producto Interno Bruto (PIB); aunque por el momento, no se ha desembolsado en su totalidad, debiendo al Ejecutivo la ratificación de aproximadamente los 1,200 millones, esos recursos. Una parte de esos recursos serán utilizados para financiar el presupuesto 2021. Sin embargo, el desembolso de los fondos de los 1,800 millones provocó cuestionamientos de los diputados por el uso de los recursos, recurriendo a las creaciones de comisiones especial para investigar sobre el manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo. Pese a esos fondos el presidente Bukele hizo creer a la ciudadanía que no había recibido de la Asamblea “ni un centavo partido por la mitad”.
Debido a lo anterior, se han creado por lo menos cuatro comisiones especiales en el 2020, dos de ellas, relacionas al COVID-19 (una para investigar el uso de los recursos y la otra para determinar el manejo de la pandemia, estas instancias legislativas aún se desarrollan), otra comisión especial se creó para investigar los hechos ocurridos el 9F, esta instancia legislativa acordó recomendar al Ejecutivo la sustitución a Arriaza Chicas y a René Francis Merino y la otra comisión para investigar el acoso a periodistas y opositores, el Pleno recomendó al Gobierno que cese las abusos a los periodistas.
También los diputados ordenaron al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya a la comisión que investiga el uso de los recursos de la pandemia, pero Arriaza Chicas no acató la orden, argumentando que el ministro tenía fuero constitucional, por eso “no lo podía privar de su libertad”.
En cuanto a los antejuicios que llevó a cabo la Asamblea Legislativa en este 2020, se le realizaron a Norman Quijano, Arturo Magaña -ambos de ARENA- y un intento al exviceministro de Justicia, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
A Norman Quijano, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por supuestas negociaciones con estructuras criminales del país; sin embargo, el Pleno Legislativo decidió no quitarle el fuero constitucional, ya que solo obtuvo 41 votos, faltaron dos para quitárselo.
El otro antejuicio que la Asamblea realizó fue al diputado Arturo Simeón Magaña a quien la FGR lo acusó de homicidio culposo, tras haber protagonizado un grave accidente automovilístico, donde hubo una persona fallecida y varios lesionados. Para desaforar a dicho legislador, el Pleno Legislativo sí dio los votos.
Mientras que el último intento de antejuicio realizado por el Órgano Legislativo fue al exviceministro de Justicia y actual director de la corporación policial, Mauricio Arriaza Chicas, a quien la FGR lo acusó de incumplir sus deberes, tras negarse a cumplir la orden de una comisión especial que mandaba a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. En este caso particular, la parte defensora del comisionado mencionó durante la plenaria especial, que Arriaza Chicas había renunciado a su cargo como viceministro, por lo cual, se retiraron del pleno. Los diputados no pudieron votar.
Mientras lo que aún está sobre la mesa, es el Presupuesto General de la Nación para 2021, que fue presentado por el ministro de Hacienda el 30 de septiembre, desde entonces la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto estudió dicho proyecto que ascendía a un total de $7,453.5 millones, el cual fue aprobado el pasado 24 de diciembre a primeras horas de sol, tras un intenso debate, donde dicha instancia aprobó más de 8 dictámenes para poder completar el financiamiento; el pleno aprobó los decretos con mayoría calificada. Sin embargo, el presidente Bukele ha dicho que vetará algunos y sancionará otros, por lo que, hasta el cierre de esta nota de resumen, aún no estaba nada claro entre Ejecutivo y Legislativo.
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