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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad Pública, presentaron ayer en la sede de la Fiscalía General de la República, en Santa Elena, un aviso ante el posible cometimiento de ilícitos en el manejo de los fondos provenientes del sistema de tiendas penitenciarias.
Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, dijo que facilitarán la información y documentación que sustenta los hechos a fin de que la FGR ejecute la acción penal en contra de los culpables.
Rivas, afirmó que exfuncionarios de la cartera de Justicia y Seguridad obviaron la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, licitando la administración de las tiendas ubicadas al interior de los centros penales a una institución no gubernamental llamada “ASOCAMBIO”, sin el debido proceso de concurso público.
El funcionario detalló que ASOCAMBIO fue constituida en 2018, con el fin de que los fondos percibidos por las tiendas penitenciarias no fueran fiscalizados por entidades contraloras.
Ayer, en horas de la mañana, la Fiscalía General de la República allanó la sede de la Dirección General de Centros Penales, con el propósito de incautar información relacionada a ASOCAMBIO. Entre la documentación incautada se encuentra el acta de constitución de la organización, planillas y libros de contabilidad de la misma.
Bukele denunció
El miércoles, en conferencia de prensa, el Presidente de la República, Nayib Bukele, denunció que en la gestión pasada, autoridades del referido ministerio, crearon una “organización no gubernamental” denominada ASOCAMBIO, a la cual se le adjudicó la labor de administrar las tiendas en el interior de los centros penales.
El mandatario dijo que esta “ONG” percibió hasta 14 millones de dólares en ganancias, sin que la Corte de Cuentas de la República, tuviera oportunidad de auditarla al ser una institución privada y que la misma se encuentra a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
Bukele, ordenó la suspensión de sus cargos sin goce de sueldo en la Policía Nacional Civil del exministro Ramírez Landaverde y del exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima.
Reacción de exministro
La noche del miércoles, Ramírez Landaverde, difundió en un comunicado su disposición de colaborar con investigaciones en torno al caso y aclaró que ASOCAMBIO, comenzó a operar en enero de 2019 y su constitución está apegada a la Ley Penitenciaria y su reglamento.
Añadió, notificaron a la Corte de Cuentas de la República sobre el inicio de operaciones de la organización no gubernamental, supuso que al ser este el primer año de sus funciones la Corte aún no ha procedido a ejecutar auditorías.
El exfuncionario detalló que la administración de ASOCAMBIO permitió a Centros Penales, cubrir necesidades urgentes que su prepuesto ordinario asignado no les permitía cubrir, como las clínicas médico-odontológicas.
