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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), presentaron un aviso penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los diputados de la Asamblea Legislativa del partido Nuevas Ideas por actos arbitrarios, incumplimiento de sus funciones, coartar el derecho constitucional de petición y respuesta.
Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR, explicó que la semana pasada presentaron un escrito a la Asamblea, para pedir la derogación de la normativa legal que restringe las visitas a los privados de libertad, sin embargo, fueron recibidos por una barricada y no les permitieron entregar la solicitud.
La Constitución dice que todo funcionario público debe de recibir al ciudadano y sus peticiones, así como darles respuesta, al no hacerlo constituye actos arbitrarios y el delito de incumplimiento de deberes, hechos delictivos los cuales tienen que ser investigados por la FGR.
“Hemos tocado muchas puertas de las oficinas del gobierno y todas se nos cierran, fuimos a la Asamblea Legislativa el martes 5 de noviembre a presentar un escrito, para pedir que se derogue cualquier normativa que restrinja las visitas familiares a los centros penales, pero la junta directiva nos negó ese derecho y no nos quisieron recibir el documento”, afirmó Ramírez.
Ramírez reiteró que el aviso penal es por actos arbitrarios, incumplimiento de deberes o de funciones, y también por coartar el derecho de petición y respuesta que tiene la población, ya que ahora en la Asamblea no se generan leyes a favor del pueblo, sino de un grupo que está gobernando en el país, acumulando más riqueza y poder.
Rudy Joya, abogado y vocero de UNIDEHC, enfatizó que las familias de los capturados inocentes están haciendo una solicitud tan simple a los funcionarios públicos, en este caso a la Asamblea, como el derecho de poder ver a sus seres queridos detenidos.
“Hay niños y niñas que no han visto a su mamá o a su papá, que están detenidos desde hace casi dos años o más, esposas, esposos, madres, padres, hijos e hijas, que están esperando ver a sus familiares”, sostuvo.
Ramírez dijo que la junta directiva de la Asamblea dio la orden a los empleados legislativos de no aceptar el escrito, derecho constitucional de petición, el cual tienen las organizaciones y toda la comitiva de las víctimas que ingresaron ese día al recinto legislativo.
Joya dijo, en el mismo escrito presentado a la FGR, está la petición para que el fiscal, conforme a lo indicado en la ley, haga primero el proceso de desafuero a los diputados de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, y posteriormente abrir el proceso correspondiente donde se les investiguen dichos delitos.
