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Alma Vilches
Joaquín Salazar
@DiarioCoLatino
Una serie de demandas de inconstitucionalidad fueron interpuestas por presuntos actos de acoso y abuso de poder de parte del presidente Nayib Bukele, al convocar el Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria, con el objetivo de aprobar $109 millones para el Plan Control Territorial.
Claudia Martínez, una de las demandantes, sostuvo que la decisión de presentar la demanda al juzgado 10.º de Paz del Centro Judicial Isidro Menéndez, es porque la acción del mandatario es un total autoritarismo, un atentado a la democracia, al sistema de gobierno, al sistema de la República y separación de poderes
“Le pedimos, le imploramos a la Sala de lo Constitucional que se pronuncie lo más rápido posible, porque este es un estado crítico, creemos en la institucionalidad del país, y sabemos que la Sala va a actuar de una forma coherente, respetando nuestra democracia y siendo garantes de la Constitución”, manifestó Martínez.
Asimismo, indicó que entre los actos de intimidación por parte del presidente Bukele está la militarización de la Asamblea Legislativa, pues quitaron la seguridad institucional, solo dejaron policías y elementos de la Fuerza Armada. Además, policías han llegado a las casas de los diputados para tratar de intimidarlos.
Mientras tanto, el FMLN presentó una denuncia ante la PPDDH contra el presidente Bukele, su consejo de ministros y contra el ministro de Defensa y el director de la PNC por violación a la división de poderes del Estado, e injerencia en la independencia de la Asamblea Legislativa, así como violación de derechos humanos contra los diputados.
Además, Ruth Eleonora López y Luis Ramón Portillo interpusieron el sábado una demanda de inconstitucionalidad, contra la convocatoria del mandatario salvadoreño al pleno legislativo, para una sesión extraordinaria con el único propósito de aprobar los $109 millones a utilizar en la fase III del Plan Control Territorial.
Los demandantes pidieron a la Sala de lo Constitucional emita un pronunciamiento en el que ponga orden constitucional y se aclare lo establecido en el artículo 167 literal séptimo de la Constitución, pues lo expresado por el presidente lleva a un quebrantamiento del orden constitucional perjudicando la frágil Paz nacional.
Consideraron que el carácter extraordinario del decreto impugnado adolece de la falta de presupuestos necesarios para haberse emitido, el carácter extraordinario de la situación y la acreditación de los intereses de la República protegidos en sentencia puede ser ineficaz.
