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Redacción Nacionales
Para Rommy Jiménez, académica e investigadora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA, la orden de Nayib Bukele a las alcaldías de reducir las tasas municipales y los costos de permisos, no es viable.
Según Bukele estas medidas aliviarían la carga económica de la población y fomentarían la inversión, sin embargo, esta decisión anunciada a través de redes sociales, ha generado diversas reacciones.
Jiménez explicó que las municipalidades constituyen un nivel de gobierno reconocido por la Constitución y no son un apéndice del gobierno central.
En una nota publicada en YSUCA, la invesigadora recordó que los gobiernos locales tienen la facultad de aprobar, derogar y modificar tasas y contribuciones especiales, por lo que Bukele no puede atribuirse competencias que no le otorga la ley.
Y agregó que la orden de Bukele no puede aplicarse de inmediato, ya que existen procedimientos establecidos.
Por lo que detalló que, en este caso, el concejo municipal debe reunirse, tomar un acuerdo de reversión, aprobar o derogar la medida.
Y si se reformó una ordenanza municipal, luego de modificada debe enviarse al Diario Oficial. Según la normativa, la disposición entraría en vigencia ocho días después de su publicación.
Jiménez advirtió que este tipo de decisiones refuerzan un proceso de centralización del poder, evidenciado en la creación de entidades como la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) y la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, que han disminuido la participación de las municipalidades.
“Las decisiones de los concejos municipales deben tomarse sin interferencias externas”, añadió y agregó que la ciudadanía tiene derecho a participar en los debates municipales, los cuales deben ser públicos, salvo en casos excepcionales.
Para la académica es preocupante que, en municipios como Soyapango e Ilopango, actores políticos ajenos a las alcaldías hayan tomado decisiones que no les competen.
Por lo que advirtió, que esto es una clara intervención en las potestades municipales, las cuales están protegidas por el Código Municipal y la Ley Especial de Reestructuración Municipal.
Las municipalidades deben contar con ingresos suficientes para su funcionamiento, pero sin imponer cargas excesivas a la población, por lo que propone realizar estudios financieros que permitan establecer tarifas razonables, con un criterio progresivo: quienes tienen mayores ingresos, deberían aportar más, concluyó.
