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@arpassv
El Ejecutivo inició esta semana la implementación de un plan para descongestionar el tráfico vehicular y contribuir a la seguridad vial. El proyecto, titulado “Cero tolerancia”, se basa en la aplicación irrestricta de las leyes de tránsito y en el establecimiento de horarios escalonados para empleados públicos, trabajadores de empresas privadas y estudiantes.
El plan, que ya dio sus primeros resultados (1,044 esquelas, 150 placas decomisadas, entre otras.), incluye también abrir durante el día los portones de calles en zonas residenciales para que sirvan como vías alternas y el traslado de terminales de buses a lugares fuera de la ciudad.
Dicha iniciativa, impulsada por el Viceministerio de Transporte, surge en un contexto caracterizado por una racha fatal de accidentes de transito y el colapso de las principales vías urbanas de San Salvador.
El ordenamiento del transporte urbano inició con la construcción de la primera fase del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), vilipendiado por gremiales de buseros y diputados de derecha que -por intereses económicos o mezquindad política- se oponen a modernizar las vías y medios de tránsito capitalinos.
Ojalá que al traslado de las terminales y a los horarios escalonados, siga una prohibición definitiva para la circulación de los centenares de buses chatarras que causan grave contaminación del aire y constituyen una peligrosa amenaza para la población usuaria del transporte colectivo.
Hasta ahora, las gremiales de transportistas no sólo han logrado mantener sus unidades viejas en circulación, sino que -con el chantaje de incrementar las tarifas del pasaje- consiguen que la Asamblea Legislativa les prorrogue anualmente el millonario subsidio gubernamental.
Si al ordenamiento del trafico vehicular y del sistema de transporte, se suman las obras de infraestructura vial que realiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el actual gobierno podría dejar como legado una ciudad más moderna, ordenada y segura.
Pero esto requiere decisión firme de enfrentar la presión y el chantaje de los gremios de transportistas, posibles costos políticos coyunturales y la resistencia de sectores retrógrados. La izquierda gobernante no debe acomodarse y tiene que mostrar voluntad política de entrarle a cambiar estos aspectos que mantienen al país en una situación de atraso.
Que así sea.
