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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Ovidio Mauricio González, coordinador de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, fue tajante al expresar que esperan de la Fiscalía General de la República (FGR) una acción congruente, diligente y efectiva en la investigación de los autores materiales e intelectuales en el caso de Monseñor Romero.
Las declaraciones de Mauricio González se dan luego de la resolución emitida por el juez 4to de instrucción, el pasado 22 de octubre, sobre la búsqueda, ubicación y captura del exmilitar Álvaro Rafael Saravia, a través de la Policía Nacional Civil e INTERPOL.
“Hubiéramos querido que en este caso se actuara con el Código Penal de 1973, porque sentimos que el juez le daría más impulso al proceso. Y en el Código Penal actual el proceso no está abierto, porque la potestad de judicializar el caso solo lo tiene la Fiscalía. Y todos sabemos cómo actúa, con muchas características de ser un ente político y hasta partidista, entonces este es el problema que tenemos con el ente fiscal, porque a estas alturas ya deberían tener muchas diligencias realizadas y no las tiene”, afirmó.
Foto Diario Co Latino/Jorge Rivera.
Sobre las limitantes que surgen con el actual Código Penal, el coordinador de Tutela María Julia Hernández señaló que el imputado podría ser juzgado de forma “ausente”.
Así también, la figura de los abogados acusadores, que pasan a ser “querellantes”, que les supedita a la autoridad del ente fiscal y limita las investigaciones.
“Ahora se está tratando de reabrir el caso, de Monseñor Romero, pero no hay una ley especial para estos casos, no existe una ley transicional sobre eso y es por esto que se necesita incluso una legislación especial en este tipo de casos. Bajo el anterior código (1973) las condenas eran de treinta años, creo que el mínimo eran diez años que podría ser impuesta a Álvaro Saravia o aplicarle una libertad condicional, ojalá no vayan a presentar un proceso abreviado porque aquí no pueden, espero que eso no ocurra. Y solo esperamos una condena y que quiera declarar, porque sabemos de todo lo que ha pasado, que no ha gozado de la gracia de quienes lo han utilizado (en el pasado)”, acotó.
El 23 de marzo de 2017, abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, junto a la Concertación Romero, solicitaron la reapertura del proceso judicial, en el caso histórico de Monseñor Oscar Romero y la incorporación de información del “grupo” que sostenían este tipo de acciones criminales de lesa humanidad.
Y que el juez 4to de instrucción consideró que había elementos suficientes para la detención de Álvaro Saravia, así como la investigación del “grupo” que planificó el asesinato.
“Álvaro Saravia recibió y dio órdenes de este grupo, entonces hablamos de un grupo organizado de poder, que señaló la Sala de lo Constitucional, en la derogatoria de la ley de Amnistía (2016) de ese grupo que actuó en crímenes de lesa humanidad.
Es por eso que desde el pasado 12 de mayo que se aperturó el juicio hemos solicitado la incorporación de documentos muy importantes y relevantes que señalan a los integrantes que participaron en el hecho, así también solicitamos los documentos de registro de datos personales de este grupo”, explicó Alejandro Díaz, abogado querellante del caso.
Del grupo señalado en varios informes, Jaime García, de la Concertación Romero, leyó los nombres de los civiles que fueron los financistas de este grupo, que planificó junto a Roberto d‘Aubuisson, fundador del partido ARENA, el magnicidio de San Oscar Romero Galdámez.
“Los señalados son: Hans Kriete, Ricardo Sol Meza, David Ernesto Panamá, Constantino Rampone, Enrique Altamirano, Roberto Mathies, Alfonso Salaverría y su familia, y Ernesto Muyshondt, eran las personas con las que se reunía constantemente Roberto d’Aubuisson, quien a su vez se hacía acompañar de Álvaro Rafael Saravia y Ricardo Posada, quienes recibieron el dinero para preparar el operativo que concluyó con el asesinato de Monseñor Romero.
Y está también Fernando Sagrera, Mario Molina, hijo del expresidente Arturo Armando Molina, quien facilitó al francotirador, además, el Estado salvadoreño es responsable porque actuaron miembros del Ejército en el carácter de Escuadrones de la Muerte y la Comisión Interamericana responsabiliza al Estado salvadoreño en el año 2000”, sostuvo el representante de la Concertación Romero.
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