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La Paz/Prensa Latina
Una investigación de los periodistas bolivianos Susana Bejarano y Fernando Molina pone en evidencia la complicidad de influyentes medios de prensa del país con el golpe de Estado de noviembre de 2019.
El estudio, aún sin publicar, analiza el apoyo de rotativos de marcada tendencia derechista, como Página Siete y El Deber, al golpe y al Gobierno de facto resultante.
Ambos periodistas demuestran el activismo político de los citados diarios a favor de las acciones violentas que llevó adelante la derecha boliviana, apoyada por militares y policías, para sacar del poder al presidente Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS). Tras la dimisión de Morales, asumió la dirección del país un Gobierno ilegítimo presidido por Jeanine Áñez, administración que esa prensa apoyó desde un inicio con el afán de legitimar su gestión y descalificar a la nueva oposición.
Estos medios, señalan Bejerano y Molina, apoyaron fervientemente al nuevo Gobierno con una cobertura dirigida políticamente y con la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la forma en que fue constituido.
Los investigadores citan, además, la sistemática campaña para eliminar los vínculos de Áñez con el golpe de Estado que llevó adelante Página Siete.
También los repetidos intentos por criminalizar a la oposición, sobre todo al MAS, y el afán de presentar a la nueva administración como pacificadora de un país que la misma derecha política sumió en el caos y la violencia. El apoyo mediático al nuevo oficialismo, destacan los autores del análisis, llegó al punto de justificar sistemáticamente la represión y persecución política por parte del Gobierno.
En ese sentido Bejerano y Molina recuerdan las masacres de Senkata y Sacaba, en las cuales por el uso desmedido de militares y policías murió una treintena de manifestantes pacíficos, que pedían el retorno a la democracia y de Evo Morales, entonces refugiado en Argentina.
Respecto a ambos acontecimientos el estudio señala cómo el discurso de los medios victimizó a los uniformados al insinuar que con sus disparos respondieron al fuego de los manifestantes.
No fallecieron policías ni militares en Sacaba, aclaran los autores del estudio, sin embargo, Página Siete, en el artículo ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FF.AA. deja al menos seis muertos’ afirmó sin pruebas que los manifestantes tenían ‘armas de fuego y otros objetos letales’.
Sobre Senkata los medios confirmaron, también sin evidencia, el uso de dinamita por parte de los huelguistas, para así justificar el uso de la fuerza bajo el pretexto de que lo sucedido fue un acto de terrorismo y un atentado dinamitero.
Otra muestra del apoyo de los grandes medios a la administración golpista fue la nula o manipulada cobertura a las masivas protestas antigubernamentales que sucedieron a lo largo del año.
Los principales canales de televisión del país cubrieron exhaustivamente las protestas contra el supuesto fraude del MAS en las elecciones de 2019 (varios estudios demuestran que no hubo alteración de los resultados), sin embargo, solo emitieron informes escuetos sobre las manifestaciones anti-Áñez.
En muchos casos, apuntan Bejerano y Molina, describieron a sus protagonistas como parte de ‘hordas’ y ‘turbas’ con el objetivo de minimizar su impacto y posicionarlos como enemigos del orden y la constitucionalidad.
