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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El presidente de la Agencia Promotora de Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, se mostró en total disposición de ser investigado sobre sus ingresos, pero catalogó la investigación ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) como una “venganza política” debido a sus críticas lanzadas por una serie de veredictos tomados por esos jueces contra el sistema político nacional y la constitución.
“Bienvenida cualquier investigación. Todos los que somos servidores públicos estamos sujetos a investigaciones, pero como he dicho, más bien, aquí se trata de un proceso, de una manipulación motivada por un deseo de venganza política y los que estamos en política sabemos que no somos amigos de todos, estamos forjando enemigos”, dijo Reyes la noche del jueves.
El expresidente de la Asamblea Legislativa dijo que el hecho de no haberse callado ante los abusos y excesos cometidos por magistrados de la Sala de lo Constitucional generaron una reacción en la derecha radical que desembocaron en la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Todos sabemos en este país que yo he sido uno de los más duros críticos de estos señores magistrados que han violentado cada uno de los principios de nuestra constitución, que prácticamente han reformado la constitución para limitar los derechos políticos y civiles de los ciudadanos”, afirmó Reyes en entrevista con el canal Gentevé.
Reyes acusó a los magistrados, en aparente referencia a Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Edward Sidney Blanco, de haber “comprometido la seriedad de una Sala de lo Constitucional, para servir a una agenda política de los grupos económicos que siempre dominaron este país”.
El dirigente del FMLN dijo que estas investigaciones por un presunto enriquecimiento ilícito, iniciadas por la sección de Probidad de la CSJ, a partir de una decisión arbitraria tomada por magistrados de la sala de lo constitucional, son procesos que buscan afectar su imagen, generar algún daño o afectar su credibilidad ante la población.
En días recientes, el magistrado González reveló que el caso de Reyes es una de cinco investigaciones a las que se les está dando prioridad y cuyos resultados se esperan divulgar en los próximos meses. Esto a pesar de que el caso del efemelenista no cumple uno de los tres parámetros aprobados por la misma CSJ para priorizar las indagaciones, como es el hecho de que esté por cumplirse 10 años de haber dejado el cargo sujeto a investigación patrimonial.
Reyes está siendo investigado por sus ingresos como diputado entre 2006 y 2015, lo que indica que el delito por el que es indagado prescribirá dentro de ocho años, mientras muchos de los casos a los que Probidad no les está dando prioridad corresponden a funcionarios de la administración de Antonio Saca, que culminaron su función en 2009 y su prescripción será dentro de dos años.
“Son mecanismos que utilizan los grupos radicales de la derecha nacional y latinoamericana, siguiendo el mismo libreto, el mismo guión”, señaló.
Reyes añadió que los funcionarios públicos saben que cuando asumen un cargo de esa naturaleza, están sujetos a investigaciones y que por ello rinden sus informen de patrimonio.
“Dormimos con la conciencia tranquila, no nos asustan este tipo de procesos, pero sí lamentamos que se utilice la institucionalidad del Estado para este tipo de vendetas políticas”, señaló.
Por medio de una serie de sentencias, la Sala de lo Constitucional, destituyó a una considerable cantidad de funcionarios públicos, en su mayoría con alguna relación o cercanía con el partido FMLN o sus aliados políticos, alegando una prohibición constitucional para personas con militancia partidaria o por sospecha de tenerla.
Además, destituyó a 84 diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, argumentando que no habían sido electos directamente por voto popular. También habilitó las candidaturas independientes a pesar que la Constitución de la República dice explícitamente que la participación política de la ciudadanía se hará a través de los partidos políticos.
Ante dicho panorama, Reyes calificó de “doctrinas absurdas” la descalificación y limitación de la participación de personas integrantes de partidos políticos como funcionarios de segundo grado. “Hemos avanzado en derechos políticos, en derechos civiles, hay fuerzas que se oponen a ese avance, a la democratización. Ahora se quiere estigmatizar a aquel que tiene un pensamiento político, que pertenece a un partido. Se intenta presentar a aquel que tiene ideas políticas como alguien que tiene que ser sancionado, castigado, son doctrinas por cierto, absurdas, un nivel de absurdo que supera la imaginación”, señaló Reyes.
El exdiputado efemelenista dijo que todas estas limitantes impuestas a los derechos constitucionales de la ciudadanía obedecen a una “visión política de grupos de extrema derecha” que no quieren entender que el país ya cambió y que la gente tiene la libertad de elegir si quiere o no quiere pertenecer a los partidos políticos.
