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@JoakinSalazar
Rogelio Canales, representante de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador aseguró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría caer en sesgo político, ante la decisión de iniciar investigaciones de probidad solo contra funcionarios de Gobierno de Mauricio Funes, al olvidar los casos de corrupción que ya están prescribiendo de los Gobiernos de ARENA.
Canales, que participó esta mañana en una entrevista televisiva, dijo que se presenta una gran cantidad de recibos sobre “bonificaciones especiales”, que están siendo ignorados por las autoridades del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia.
“Se pide que se investiguen los sobresueldos, se va a la Fiscalía, se presenta en la Sala de lo Constitucional, desde hace dos años que se investigue esta situación, no se resuelve eso. Pero a cambio se presenta una resolución, donde se dice que van a investigar al gabinete del ex presidente Mauricio Funes, ¿porqué no a los anteriores?, ¿porqué estos hechos y no otros?, es bueno investigar a cualquier en este país”, comentó.
Y es que, como abogado, Canales dijo que hay tres situaciones jurídicas que se deben de considerar, el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio, situación que implica que hay que investigar estos casos. “Un patrimonio que no se justifica se debe de investigar y aplicar la ley de extinción de dominio”, agregó.
El analista constitucionalista recordó que el ex presidente Elías Antonio Saca, está detenido por una cantidad de dinero que se uso ($246 millones de dólares), producto de este dinero están los sobresueldos, si existe un daño en la actuación de este ex presidente, “también es dañino la situación de los receptores de esta ayuda, porque el lavado de dinero por el que está siendo juzgado también afecto”, aseguró.
“El delito de lavado de dinero comprende autores y coautores, intelectuales y materiales, no podemos hacer una separación en la investigación de la figura de estos ex funcionarios sí y estos no, porque entonces caemos en sesgo político”, dijo.
Recientemente, Alejandro Muyshondt hizo público los recibos originales de sobresueldos, bajo el concepto de “bonificaciones especiales”, de ex funcionarios del Gobierno de Saca y Francisco Flores, quienes recibieron entre$1,500 y $25 mil dólares. No obstante esta situación ha sido ignorado por las autoridades.
SITRAMSS
En relación a las medidas cautelares impuestas al Sistema Integral de Transporte Metropolitano de San Salvador (SITRAMSS), Rogelio Canales, recordó que bajo el criterio tomado por los magistrados debería de también revertir la privatización de la banca y del sistema de telecomunicaciones.
“Si algunos particulares ofrezcan esos servicios, si esa fuera la tesis, las comunicaciones no debieron de ser privatizado, pero las telecomunicaciones fueron entregadas por el Estado, privatizadas, bajo ese análisis esas tendrían que volver al Estado. Se privatizó para favorecer a un grupo particular. Habría entonces que volver a nacionalizar la banca porque se entregó a particulares, si este es el criterio pues comencemos a que todos esto servicios vuelvan al Estado”, dijo Canales.
El abogado constitucionalista aseguró que el Gobierno salvadoreño no entregó en concesión las calles, dedicadas al SITRAMSS, sino que estas bajo la Ley de Transporte Terrestre en su artículo 41 se hizo una segregación, no una concesión de las calles.
“No ha habido ningún tipo de concesión porque el dominio de la vía sigue siendo del Estado, para un público claramente definido, el servicio debe de verse, por las personas que lo están recibiendo, bajo esa consideración no ha habido ningún tipo de concesión tal como la Ley está establecido, en diferentes partes del mundo”, explicó.
De igual manera, aseguró que el máximo daño ya fue hecho, dado que si decide la no inconstitucionalidad, se volvería a crear un caos vehicular.
