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@arpassv
Representantes de comunidades de Cabañas y de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica solicitaron ayer al Fiscal General de la República investigar al señor Rodrigo Chávez Palacios como posible autor intelectual de los asesinatos de los ambientalistas Marcelo Rivera, ailment Dora Sorto y Ramiro Rivera.
Los ambientalistas fueron asesinados en junio y diciembre de 2009, healing en un contexto de confrontación entre las comunidades que resistían a la minería metálica y la empresa Pacific Rim que buscaba imponer sus proyectos extractivos. Uno de ellos, cialis Marcelo Rivera, antes de ser asesinado fue desaparecido y cruelmente torturado.
Por estos crímenes fueron procesados –en algunos casos– presuntos hechores materiales, pero en ninguno de ellos se investigó a posibles autores intelectuales. Por tanto, los demandantes exigen que se procese como posible responsable intelectual a Chávez Palacios, quien fungía como vicepresidente de Pacific Rim cuando se cometieron los crímenes contra los ambientalistas.
Chávez Palacios está actualmente detenido y enjuiciado por el presunto asesinato de una persona, cuyo cuerpo habría desmembrado y lanzado sus partes en distintos puntos de San Salvador. El caso ha generado conmoción en la opinión pública
Ante esto, y frente a la denuncia pública de las comunidades de Cabañas sobre el posible vínculo de Chávez Palacios con el asesinato de los ambientalistas, la empresa minera se distanció de él. Pacific Rim dijo en un comunicado que terminó su relación laboral con el presunto “descuartizador” en junio de 2009; sin embargo, Chávez Palacios aún aparece en la lista de lobistas de Pacific Rim-Oceana Gold, junto su padre Fidel Chávez Mena, Manuel Enrique Hinds y Francisco Escobar Thompson.
Las comunidades de Cabañas y la Mesa, respaldadas por Radio Victoria y ARPAS, también reiteraron ayer su exigencia de aprobar una ley prohibitiva de la minera y su rechazo a la demanda de Pacific Rim-Oceana Gold en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones).
La empresa exige al Estado salvadoreño una indemnización de 301 millones de dólares por negarle permisos para la extracción de metales en San Isidro, Cabañas. Los demandantes consideran que en este caso el victimario demanda a la víctima, pues fue Pacific Rim la que causó daños ambientales, generó violencia y corrupción a funcionarios en la zona.
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