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@arpassv
La publicación del semanario digital El Faro, health sobre el uso de testaferros por parte de la familia Eserski para que Telecorporación Salvadoreña (TCS) acapare otros siete canales de televisión, view confirma la necesidad de realizar una auditoría de concesiones del espectro radioeléctrico.
Las siete frecuencias televisivas fueron entregadas al abogado Luis Francisco Pinto García, en marzo de 2009, en los últimos meses del gobierno del entonces presidente Antonio Saca, cuando ARENA ya había perdido las elecciones ante Mauricio Funes y el FMLN. La asignación de las concesiones fue rápida, sin subasta pública y por un monto de 250 mil dólares.
Se trata de los canales 39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51, canales destinados inicialmente para televisión por suscripción que fueron convertidos en frecuencias de televisión abierta antes de ser entregados al presta-nombre de TCS. Estos, más el 2, 4, 6 y 35, ya son 11 canales de televisión en manos de los Eserski: más del 50% del espectro televisivo nacional en su poder.
Muerto Pinto García en julio de 2013, los dueños de TCS cambiaron de testaferro y dejaron en manos del también abogado Gustavo Salvador Lacayo Carrillo seis canales. El otro se lo “regalaron” al Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien el día de la inauguración de su TVCA 39 agradeció a Juan Carlos Eserski, director ejecutivo de TCS por su “gran bondad” y el “generoso aporte” de donar el canal.
Además de la forma irregular en que los Eserski obtuvieron los seis canales televisivos, siguen sin utilizarlos y acaparándolos para evitar competidores. Esta misma razón llevó a TCS y otras televisoras, apoyadas por ASDER (Asociación Salvadoreña de Radiodifusores), a oponerse a la apertura del Canal 11.
A los Eserski les preocupaba la entrada del magnate mexicano Angel González, propietario de los derechos de una variedad de contenidos transmitidos actualmente por los canales de TCS. Por eso montaron la campaña del “juego limpio” para presionar a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y lograr el cierre del nuevo canal que amenazaba su hegemonía.
La cruzada mediática surtió efecto: la “junta de directores” de la SIGET revirtió la concesión del Canal 11, decisión que fue respaldada el pasado 22 de septiembre por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Así que la asignación anómala de siete canales de televisión a la familia Eserski y la falta de uso que violenta la legislación vigente, confirman la necesidad de crear una comisión especial para investigar todas las concesiones del espectro radioeléctrico. Dicha propuesta ya está en el seno de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, esperando ser discutida y aprobada.
