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César Ramírez
@caralvasalvador
Aquél día 1 de mayo de 2021 el panorama político de la sociedad salvadoreña cambió en cuestión de horas, fue una toma de posesión de los nuevos diputados que ejercieron su voto mayoritario para destituir a los legítimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Sánchez, Marina Torrento y Carlos Sergio Avilés, por sus decisiones durante la pandemia de 2020 en contra de la cuarentena decretada por el Gobierno de Bukele.
Lejos estaban los legisladores de visualizar las graves consecuencias de esa decisión puesto que esa trama generó un rechazo nacional e internacional, el evento se convirtió en una saga recordada y referida durante años, es tal la magnitud que muchos organismos internacionales de inversión expresan sus dudas sobre la “seguridad jurídica”, al igual que las calificadoras internacionales de riesgo en relación a los bonos soberanos y empréstitos multilaterales, así como los colaterales eventos del Bitcoin, los bonos volcán y otros.
Aquél precedente irradia a la administración de justicia, puesto que los jueces poseen independencia en sus decisiones, pero en este caso y en adelante, la justicia parece tener un solo Norte jurídico y este reside en el Poder Ejecutivo, poco a poco el poder judicial fue depurándose, eliminaron a muchos jueces, luego los jubilaron, recientemente con el Estado de Excepción no existe defensa jurídica y si inicialmente fueron los prisioneros políticos sin defensa, ni debido proceso, ahora se ha extendido a las poblaciones con miles de capturados, muchos de los cuales efectivamente poseen antecedentes graves por sus asociaciones terroristas, pero otro son inocentes… el resultado es la incertidumbre en la población, nadie está exento de una potencial captura, así se multiplican las historias de atropellos contra ciudadanos; es una realidad que ni siquiera en novelas de ciencia ficción imaginamos en la nación después de la firma de los Acuerdos de Paz… No existe ningún libro de texto clásico de teorías políticas con una referencia a un destino tan desastroso de la República, una comunidad jurídica donde no existe separación de poderes del Estado… así en la práctica desapareció el Art. 85 Constitucional: “El Gobierno es republicano, democrático y representativo”… porque la lectura social hasta mayo de 2022 es la concreción histórica en la negación de las teorías políticas para “hacer el bien social”, es la asfixia constitucional, la destrucción de nuestros valores jurídicos y constitucionales… ¡invoquemos a la Historia! la misma que iluminó a las generaciones del siglo pasado.
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