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@arpassv
Este día hubo dos acontecimientos relacionados con la soberanía nacional, hospital que constituyen una verdadera paradoja: por un lado, la celebración de las fiestas patrias, por el 193 Aniversario de la Independencia; y por otro, el inicio de un juicio contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
El primero es la reivindicación de la soberanía nacional y el segundo constituye un atentado contra la autodeterminación del país: mientras celebra por haber dejado de ser colonia española, El Salvador es sentado en el banquillo de los acusados por una empresa extranjera que le exige una indemnización de 301 millones de dólares.
El segundo hecho, sin embargo, no es objeto de la misma cobertura mediática que tuvieron los desfiles conmemorativos de la independencia. Los medios, que hace algunos años se lucraron con la millonaria campaña publicitaria de la “minería verde”, ahora callan sobre la injusta demanda de Pacific Rim-Oceana Gold contra el país.
La empresa Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño en el CIADI porque el gobierno le negó permisos de explotación en Cabañas. La minera canadiense obtuvo licencias para explorar durante el período de Francisco Flores, pero las administraciones de Antonio Saca y de Mauricio Funes le negaron la autorización para la explotación mineral.
La negativa gubernamental se debió a la inviabilidad ambiental, social y económica de la minería metálica en el país: dada la estrechez territorial, alta densidad poblacional y el grave deterioro de los recursos hídricos, la explotación minera representaba un grave peligro para la continuidad de la vida y amenazaba con ser el acabose nacional.
Entonces Pacific Rim demandó al Estado ante el CIADI sin tener ningún derecho de hacerlo, pues los permisos de explotación no son automáticos. Así el victimario demandó a la víctima, porque fue la empresa minera la que causó daños al país y no al revés: Pacific Rim secó y contaminó afluentes, corrompió a alcaldes y generó violencia en Cabañas.
Por cierto, el presunto “descuartizador” Rodrigo Chávez Palacios, procesado actualmente por asesinar a una persona y esparcir las partes de su cuerpo en distintos puntos de San Salvador, era el vicepresidente de Pacific Rim cuando fueron brutalmente asesinados los ambientalistas anti mineros Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera en el año 2009.
Sin embargo, la Fiscalía no investiga a Chávez Palacios como autor intelectual de esos horrendos crímenes. El supuesto “descuartizador” también debería ser investigado por las amenazas de muerte contra el ambientalista Francisco Pineda y periodistas de Radio Victoria, emisora comunitaria identificada con la lucha contra la minería metálica en Cabañas.
