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@JoakinSalazar
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” instaló la audiencia preliminar contra 22 personas, entre ex funcionarios de Gobierno y personas particulares, vinculándolos al tema de la tregua entre pandillas, ocurrida entre los años 2014 y 2015.
Entre los imputados figuran Mario Alberto Mijango Menjívar (conocido como Raúl Mijango); el ex director de Centros Penales Nelson Rauda; los oficiales de la PNC, comisionado Óscar Antonio Aguilar Hernández, inspector Luis Alonso Aguilar y subinspector Juan Castillo. Los delitos que se les atribuyen son Actos arbitrarios, Agrupaciones ilícitas, Tráfico de objetos prohibidos en centros de detención o reeducativos, Falsedad ideológica e Incumplimiento de deberes.
En este caso, diversos sectores han asociado la participación del Ex Presidente, Mauricio Funes y el ministro de Defensa, David Munguía Payés, quienes han admitido que su labor solo fue facilitar sobre el proceso de tregua entre pandillas, pero en ningún momento negociaron con estos grupos criminales.
Manuel Chacón, abogado defensor del ex director de Centros Penales, Nelson Rauda, afirmó que es una irresponsabilidad, de parte de los abogados, atribuir delitos a otras persona solo por defender a su patrocinado. “¿Por qué no están siendo procesados? Porque no es cierto, se tiran cortinas de humo para poder confundir, esas son estrategias del pasado”, explicó Chacón. Asimismo, dijo que hasta el momento, en el caso de la Tregua, aún no hay un responsable, todos están siendo procesados. “Ninguna persona es responsable hasta que se demuestre lo contrario”, aclaró.
Luis Mario Pérez, abogado defensor del Comisionado Oscar Aguilar, aseguró que se debe investigar a funcionarios, tal como lo ha establecido la Fiscalía.
“Nosotros hemos presentado como pruebas el manual de procedimientos de la PNC, que dice que el Director coordina y a este el presidente. La Fiscalía dice que el general Munguía Payés y el ex Presidente Funes, tenían conocimiento”, dijo.
Raúl Mijango, uno de los principales mediadores de la tregua, explicó que su único delito fue haber salvado la vida de seis mil salvadoreños, con la aplicación de la Tregua entre pandillas. Además, aseguró que no tiene conocimiento de que funcionarios de Gobierno tengan relación en este caso.
“Hay partes de la defensa que quieren que estén funcionarios, pero a mi juicio es darle valor a un juicio que no pasa más allá de la especulación; estoy aquí asumiendo una responsabilidad”, comentó. Con la instalación de la Audiencia, la jueza especializada determinó levantar la reserva al proceso, bajo el argumento que ya no se cumplían los parámetros o requisitos para mantenerla, dado que el plazo para la investigación ya finalizó y los hechos son del dominio público. En la audiencia que durará al menos tres días se “ofertará todo el elenco probatorio que se encuentra incorporado en el proceso y vamos a establecer la pertinencia de la misma, ya que es relacionada con cada uno de los imputados que están descritos en el presente caso”, explicó el fiscal del proceso.
De igual manera, aseguro que durante la audiencia se ofrecerán diferentes audios que han sido grabados al interior del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, así como vídeos, que también se obtuvieron desde el Centro Penal de Ciudad Barrios; además vídeos de personas con importantes cargos en esa época departiendo con líderes de grupos criminales.
La representación Fiscal aseguró que las pruebas son suficientes para determinar la participación de los imputados que hoy enfrentan juicio.
