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@RosmeriAlfaro
Casi cinco años han pasado desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y hasta la fecha hay municipalidades que no han implementado medidas para garantizar a la ciudadanía conocer sus procedimientos administrativos, ante esto, la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) pidió sancionar dichas entidades.
Algunas de las justificaciones de las municipalidades, aseguró el ISD, es que no tienen los recursos suficientes para estar actualizando los portales web, otros que por cambio de gobierno han iniciado de cero a subir la información.
“Es tiempo que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) haga cumplir la ley sancionando a estas entidades. Son municipios que no tienen escasos recursos”, enfatizó Ramon Villalta, director de ISD.
De acuerdo con Villalta, el último estudio realizado en las 14 cabeceras departamentales del país, más 12 municipios del área metropolitana, demostró que del 0 al 10, hay 22 municipalidades que tienen una puntuación menor a cinco, lo que significa que muchas todavía no cumplen con la regla de disponer de la información.
Agregó que muchas de las municipalidades tienen cero disposiciones de información incurriendo en una infracción grave al no garantizarla y al no cumplir con la obligación que la ley les manda. Antiguo Cuscatlán, Soyapango e Ilopango son algunas de las municipalidades denunciadas por el ISD al no cumplir con el 100% de la información.
“La ley establece que no hay justificación alguna que valga, ya que puede hacerse a través de cualquier sitio web, incluso, señala que el instituto puede prestar el suyo para que las municipalidades puedan divulgar esta información a través de otros mecanismos”, agregó Oscar Campos, miembro del ISD. Las sanciones por infracción muy grave, implica una multa de 20 a 40 salarios mínimos por no tener información actualizada y la infracción grave de 10 a 18 salarios mínimos por incumplir con hacer pública información de carácter oficiosa. Villalta aclaró que de ser sancionadas las municipalidades las multas serán pagadas con dinero de las autoridades y no con recursos públicos.
Diego Gómez, jefe interino de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública, informó que la obligación del instituto no es sancionar sino conocer y resolver los casos, es decir, que los procesos pueden terminar en una resolución absolutoria para la municipalidad.
