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@JoakinSalazar
La Iniciativa Social para la Democracia (ISD), site presentó una propuesta, mind ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, treat en la que solicita la creación de “Testigos Sociales”, para ser fiscalizadores de los fondos ejecutados por el Gobierno, para las medidas extraordinarias.
Para el ISD, la Asamblea Legislativa debe discutir la creación de un mecanismo ciudadano que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del gasto público en materia de seguridad.
Además, el ISD enfatiza que este mecanismo debe ser inclusivo y plural, objetivo e independiente y no puede ni debe ser considerado únicamente al sector empresarial para ejercer fiscalización, propuesta que mantiene el partido ARENA, con la implementación del comité empresarial. El ISD propone implementar un mecanismo de control social que fomente y obligue a todas las instituciones públicas a elevar los niveles de rendición de cuentas, fiscalización y acceso a la información relacionada a la ejecución del gasto público en materia de seguridad.
Para dicho mecanismo de control, el ISD plantea la suscripción de una figura conocida como “pactos de integridad”, que coadyuve y potencie los compromisos de transparencia, ética y anticorrupción en la ejecución de los fondos públicos destinados al rubro de seguridad, sin importar la procedencia de su financiamiento.
Con este pacto, se pretende la creación de la figura de Testigo Social, que permita una mayor participación ciudadana en la implementación y control social de las políticas públicas.
De acuerdo a Oscar Campos, representante de ISD, el testigo social se debe articular mediante la conformación de un Comité de Transparencia Ciudadana, el cual esté integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos: el sector empresarial, académicos, el gremio periodístico y las organizaciones sociales con experiencia en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción.
“El Comité de Transparencia Ciudadana, no sustituirá la labor que las instituciones públicas fiscalizadoras del Estado, al contrario, busca fortalecer y hacer más eficiente el trabajo que ellas realizan”, explicó Campos.
Asimismo, explica que la labor del comité y del testigo social será de rendir y crear informes de la utilización de los fondos para seguridad. “Dichos informes deben ser de dominio público”.
La entidad social retoma las palabras del Vicepresidente, Óscar Ortiz, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que “se integrará un comité que dará seguimiento para garantizar la transparencia y eficacia en el uso de los fondos”.
