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Alma Vilches
Ana Argueta
@DiarioCoLatino
Iniciativa Social para la Democracia (ISD) propuso a la Asamblea Legislativa la inclusión del pacto de integridad y la figura del testigo social como mecanismo e instrumento de fiscalización y auditoría social independiente, shop para garantizar la administración eficiente, click transparente y proba de los fondos provenientes de la emisión de bonos por 152 millones de dólares para la seguridad pública.
Ramón Villalta, Director Ejecutivo de ISD, consideró que la Asamblea Legislativa es quien debe discutir la creación de un mecanismo ciudadano que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del gasto público en materia de seguridad; teniendo claro que este mecanismo debe ser inclusivo y plural, objetivo e independiente, y no puede ni debe ser únicamente el sector empresarial para ejercer fiscalización.
“No debe confundirse la responsabilidad de la administración y fiscalización de los recursos públicos y la obligación de cumplir reglas de transparencia, ética y anticorrupción con el mecanismo de seguimiento, fiscalización y auditoría social para que las mismas se cumplan”, afirmó el director de ISD.
Asimismo, dijo que el testigo social se articule mediante la conformación de un comité de transparencia ciudadana, integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad entre ellos: el sector empresarial, la academia, el gremio periodístico y las organizaciones sociales con experiencia en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción.
Según Villalta, el Comité de Transparencia Ciudadana no sustituirá la labor que las instituciones públicas fiscalizadoras del Estado tienen, entre ellas la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Hacienda entre otros, sino al contrario, busca fortalecer y hacer más eficiente el trabajo que ellas desarrollan.
Oscar Campos, representante de ISD, declaró que la propuesta de inclusión del pacto de integridad presentada a la Asamblea Legislativa es un mecanismo utilizado en diferentes países de Latinoamérica. Añadió que aquí ya se ha usado la figura del testigo social como el mecanismo e instrumento de fiscalización y auditoría social independiente.
Campos manifestó que como ISD creen firmemente que las medidas de seguridad extraordinarias implementadas deben ser financiadas por el Estado y en este caso la emisión de los bonos por 152 millones sería una de las fuentes de financiamiento que está en búsqueda de su aprobación.
Por otra parte, también cree que es importante que tanto las instituciones fiscalizadoras que ya están reguladas o que están establecida como Corte de Cuentas, Fiscalía y Ministerio de Hacienda puedan tener un aliado desde la sociedad Civil, para que puedan ejercer la contaduría mediante el acceso a la información en la rendición de cuentas; en darle seguimiento y garantizar los fondos asignados a medidas en particular y evitar especulaciones de corrupción.
Campos también dijo que considera que en el caso que no decidan aprobar el pacto de inclusión de integridad y sus mecanismos, sería por una razón ya más política partidaria a intereses, o ya sea para boicotear al Estado.
