@GloriaCoLatino
Vanda Pignato, purchase Presidente del Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU), case y el Presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Jhoel Humberto Valiente, firmaron un Convenio de Cooperación que facilite a ambas instituciones, acciones conjuntas de fortalecimiento en beneficio de las mujeres salvadoreñas.
El documento tuvo como testigo de honor a Yanira Argueta, Directora Ejecutiva del ISDEMU; Raúl López y Marco Antonio Grande, primer y segundo Magistrados de la Corte de Cuentas, respectivamente.
En El Salvador, la población femenina cuenta con dos marcos jurídicos que garantizan el respeto a sus derechos individuales y colectivos como: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, así como, la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.
El objetivo central del convenio dará prioridad las iniciativas orientadas a la implementación e institucionalización del principio de igual, no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Ambas instituciones están comprometidas a que se robustezca mecanismos y estrategias que den cumplimiento a compromisos adquiridos, en la transversalización del principio de igualdad de género en las diferentes instancias del Estado. Este proceso de asesoría técnica dará vida a la creación y funcionamiento de la Unidad de Género y la redacción de una política institucional de género, dentro de la Corte de Cuentas de la República.
Las mujeres salvadoreñas cuentan con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que establece en su artículo 36, “Corresponde a la Corte de Cuentas de la República, la fiscalización de la correcta utilización de los fondos asignados para la ejecución de la ley”.
Por lo mismo, se formularán herramientas que promuevan la igualdad y la no discriminación de las mujeres en todos los procesos y gestiones que realicen en esta institución Estatal.
Asimismo, las autoridades de la Corte de Cuentas de la República se comprometen a generar las condiciones para que exista un monitoreo de los entes estatales en el manejo de las partidas presupuestarias que estén relacionados con el enfoque de género.