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Yaneth Estrada
@caricheop
Tras 25 años de habitar en su vivienda, agricultor y portando un permiso que autoriza su estadía en la Hacienda Taculaya, Marcos López llegó este jueves a las afueras del Instituto Nacional de Transformación Agraria (ISTA) a solicitar a las autoridades una explicación y una mesa de diálogo ante aviso de desalojo.
Él y otras 30 familias habitan una parte de la Hacienda Talcualuya, en La Libertad; pero relató que “el sábado 9 de mayo llegó la señora Cecilia Cerón y nos amenazó con botarnos las casas”, a pesar de tener un permiso otorgado por el ISTA en 2001.
“Nosotros no estamos usurpando tierras, a nosotros nos mandó el ISTA a ese lugar, bajo el mandato del presidente Francisco Flores; se nos entregó un documento firmado, donde se nos permite levantar cercos en los perímetros establecidos y dice al final que: se les pide a las autoridades civiles y militares prestarles su colaboración, cosa que no es así, porque cuando los llamamos, nunca nos han prestado ayuda”, manifestó López.
A la protesta pacífica se sumaron cerca de cinco comunidades de La Libertad, Sonsonate y San Vicente, quienes denunciaron los desalojos y amenazas.
Comunidades en alerta
Héctor Aldana, del Frente Nacional Agrio (FNA), explicó que la problemática inició hace unas semanas, cuando personal de la actual administración llegó a las diferentes colonias a amenazar con desalojos: “Estas son familias que tienen 30 o 40 años de habitar las viviendas, con los anteriores gobiernos habíamos tenido ciertos acuerdos, no habíamos tenido problemas, y ahora hablan de demandas, como es el caso de El Pimental, donde se pide el desalojo”.
“No vamos a permitir ninguna amenaza y ningún desalojo, nosotros todo lo que hemos conquistado en materia agropecuaria ha sido a través de la lucha, así conquistamos el perdón de la deuda agraria, conseguimos la transferencia de miles de manzanas de tierra excedentaria y así vamos a seguir defendiendo las tierras y a nuestros agricultores”, recalcó.
Entre los afectados hay cerca de siete mil familias, en 25 propiedades donde viven unas 200 o 300 personas, que llegaron a esta situación debido a la falta de acceso a la vivienda digna, que es un derecho humano, que debe ser garantizado por el Estado salvadoreño.
“Estamos pidiendo al Gobierno, al presidente Nayib Bukele, que se establezca una mesa de diálogo, como se hizo en años anteriores para buscar soluciones”, señaló Aldana.
