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Por Kelly Velásquez
Roma/AFP
La justicia italiana condenó a cadena perpetua a ocho represores sudamericanos y absolvió a 18 oficiales y civiles procesados por la desaparición y muerte de 40 opositores en el marco del Plan Cóndor, una sentencia que decepcionó a familiares de las víctimas.
Los jueces de la Tercera Corte de Roma condenaron con firmeza a ocho responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes.
Entre los condenados figuran dos bolivianos, tres peruanos, dos chilenos y un uruguayo, todos reconocidos jerarcas responsables de Plan Cóndor, aplicado por las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile.
Sin embargo, los jueces populares decidieron absolver, porque el crimen prescribió o por falta de pruebas, a otros 18 acusados, lo que generó decepción y cólera entre familiares de las víctimas –la mitad de ellas de origen italiano– y autoridades que asistieron a la lectura de la sentencia en la sala de máxima seguridad de la cárcel romana de Rebibbia.
Entre los condenados en ausencia figuran los represores bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, actualmente detenidos en La Paz.
Igualmente fueron condenados a cadena perpetua los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y los peruanos Francisco Morales Bermúdez –presidente de facto entre 1975 y 1980–, así como a Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
Los jueces pidieron cadena perpetua también para el uruguayo Juan Carlos Blanco, exministro de Relaciones Exteriores, condenado por la muerte de Alvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.
La mayoría de los absueltos son uruguayos, militares, agentes de los servicios secretos a los que la justicia italiana consideró que no hay pruebas suficientes de que cometieron los delitos por los que estaban siendo juzgados.
Tras cinco horas de deliberaciones los jueces decretaron la absolución también del ex capitán de navío uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único de los acusados residente en Italia, quien no asistió a la lectura de la sentencia.
Desconcierto y dolor
«No tengo palabras para comentar una sentencia como esta. Después de una lucha tan larga los jueces no han reconocido la responsabilidad individual de los imputados. Un criterio muy discutible. Vamos a presentar recurso», comentó desconcertada a la AFP y con lágrimas en los ojos Cristina Mihura, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández.
«Por mi caso estoy conmovida, finalmente logré una condena. Por los demás estoy desconcertada», reconoció por su parte Aurora Melloni, entre las italo-uruguayas que iniciaron la batalla hace más de quince años para obtener justicia en Italia para sus familiares.
La primera sentencia en Europa sobre el brutal dispositivo usado para secuestrar a opositores, torturarlos, ejecutarlos o entregarlos a sus naciones de origen, fue recibido en un silencio conmovedor.
«Lo que más nos sorprendió es la absolución por insuficiencia de pruebas de Tróccoli. Habrá que leer con atención la sentencia», reconoció la fiscal del caso Tiziana Cugini, quien había solicitado 27 condenas y una absolución.
Al término de dos años y 60 audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas, los jueces de la Tercera Corte de Roma emitieron un fallo que genera controversia.
Entre las más indignadas con la sentencia es la nieta recuperada argentina Victoria Moyano Artigas.
«Es una vergüenza lo que está pasando. Nos vamos con más impunidad. Venimos a buscar respuestas y a pedir condenas para los genocidas. Me voy indignada. Viajé miles de kilómetros para obtener una condena, porque mis padres están desaparecidos. Pero voy a seguir peleando», aseguró la argentina de 39 años, testigo en el juicio, tras el veredicto.
Manifestó también su decepción el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, quien viajó a Italia para asistir al fallo.
«Esperábamos otra cosa. Nos sentimos defraudados(..) Era una posibilidad, sabíamos que podía ocurrir. No puedo juzgar al tribunal, nosotros reconocemos la independencia de los poderes. No estoy en condiciones de evaluar los elementos por los que llegaron a esa sentencia. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo posible», declaró a la prensa.
«Entiendo el dolor, hay mucho dolor acumulado a lo largo de años. Conozco de cerca la situación (…) Entiendo la indignación y el dolor, pero no puedo juzgar al tribunal que llegó a esa sentencia», afirmó a la prensa Sendic, hijo del líder histórico de los Tupamaros, quien creció viendo a su padre preso en la cárcel de la dictadura.
Bolivia: justo pero insuficiente
«Este es un veredicto justo pero insuficiente. Para que nunca más vuelvan las dictaduras en la Patria Grande se debe procesar y juzgar», dijo el primer mandatario a través de la red social Twitter.
El jefe de Estado boliviano declaró, con respecto al veredicto, que también deberían ser sentenciados «los autores intelectuales agazapados en las agencias de seguridad y servicios secretos del imperio».
«No habrá justicia para nuestros pueblos si no se juzga a verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad, impulsados desde Estados Unidos, afirmó Morales.
Ideado por el general chileno Augusto Pinoche «la Operación o Plan Cóndor» tenía como finalidad coordinar la represión de la oposición política entre los años 1970 y 1980 en países bajo regímenes dictatoriales, tales como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
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