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José M. Tojeira
Que la mayoría de los políticos mienten con cierta frecuencia en casi todo el mundo es bastante obvio. Pero en El Salvador hemos entrado en una especie de carrera de afirmaciones falsas que rayan con la racionalidad e incluso en ocasiones caen en lo ridículo. Decir que somos el país más pacífico de América Latina y que simultáneamente necesitamos una decimonovena aprobación del régimen de excepción es un tanto absurdo y contradictorio.
El hecho de que queden en el país algunos criminales sueltos no debía necesitar la movilización de miles de militares en las calles, sino una labor de investigación seria y normal de la Policía. Pero parece que después de detener a más de 70.000 personas todavía es necesario restringir derechos constitucionales y violar derechos humanos para luchar con algunos, se supone que pocos, delincuentes aún no detenidos. ¿Tan deficiente es la Policía que no puede trabajar en un contexto constitucional normal?
En otros campos tampoco faltan las mentiras. Mientras instituciones internacionales serias hablan de un crecimiento salvadoreño del 2.1% en el año 2024, y de un aumento peligroso de la deuda, el gobierno hace malabarismos para decirnos que todo va bien. Y por supuesto no se habla nada de la inequidad en el crecimiento concreto del país, que siempre termina enriqueciendo más a los más ricos. Se dice que las instituciones funcionan simplemente porque admiten y corrigen algunos errores, que en algunos casos son llamados daños colaterales. Daños que se naturalizan y que no implican ningún tipo de indemnización.
Se pueden hacer citas falsas atribuidas a autores que nunca las pronunciaron, o afirmar datos falsos de nuestra historia sin pedir disculpas y sin reconocer públicamente el error. Se afirma que en el actual gobierno no hay partidas secretas pero se impide el acceso a la información a obras y proyectos de inversión pública. Y mientras en Estados Unidos se dice otra cosa, un ministro nacional asegura que el 30% de los criminales investigados por el FBI y acusados en los tribunales logran sentencias exculpatorias, tras pasar varios años en las cárceles. El asombro es todavía mayor cuando las leyes de Estados Unidos prohíben permanecer más de seis meses en prisión preventiva.
Y por supuesto no faltan las afirmaciones tan falsas como cómicas. El poblado maya de Tazumal fue creciendo en construcciones a lo largo de 400 años. Desde el año 200 después de Cristo hasta el año 600. Pero un diputado informó recientemente al público que el Tazumal existía desde el año 3000 antes de Cristo. La norma Constitucional que exige que para ser diputado se disponga “de notoria honradez e instrucción” se podrá cubrir con títulos educativos en los referente a lo último. Pero afirmaciones como la anterior dejan al título, al titulado y a la instrucción notoria en una situación que podríamos llamar delicada.
Mentir, inventar datos, acusar falsamente puede producir algún efecto favorable durante algún tiempo. Después se convierte en una fuente de desprestigio. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento, los valores, los derechos y deberes de las personas se han universalizado. Al mismo tiempo, el mundo se ha vuelto más multicultural y tolerante. En él la capacidad de negociar y de buscar intereses comunes dan mejores resultados que la dominación y el abuso de poder. Dialogar con la sociedad civil, buscar soluciones justas y que beneficien a todos, es imprescindible en una democracia moderna. La jerga política basada en la mentira y la ficción pueden seducir, pero al final lo que queda es fracaso y frustración. Plantear la verdad de la situación económica y social, abrir el Estado a la transparencia informativa, buscar soluciones conjuntas, es mejor que imponer caminos desde el poder. Reflexionar un poco más y más sinceramente sobre nuestra realidad es responsabilidad de todos.
