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@JoakinSalazar
Ante el incremento injustificado de su patrimonio, por $48.1 millones de dólares, José Adán Salazar y familiares fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), y al menos 50 bienes inmuebles fueron allanados por órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR).
En total, son cuatro los detenidos junto a Salazar, entre estos Sara Martínez Bójorquez, Susana Noemy Salazar de Cruz, ex esposa y Romelia Guerra Argueta, ex esposa de Juan Umaña Samayoa. Todos vinculados al delito de lavado de dinero y activos, según la FGR.
El Director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto aún no confirma las detenciones de Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, ni de Wilfredo Guerra, hijo del alcalde y Tránsito Ruth de Guerra.
Según Cotto, todos los involucrados estaban ligados a los procesos de obtención de recursos bajo actividades ilícitas, cometidas a través de fachadas, es decir, las empresas relacionadas al núcleo familiar.
La detención de Salazar (alias Chepe Diablo) se efectuó en la calle Principal del Caserío Vuelta de Oro, en Coatepeque, Santa Ana, mientras que el resto fue capturado en sus residencias en La Libertad y Santa Ana.
“No es tanto el hecho, sino las acciones que pueden ser desarrolladas, todos los implicados en este caso están involucradas en el cometimiento de los ilícitos, explicó Cotto.
De igual manera, aseguró que en el proceso investigativo y la intervención de los bienes se logró determinar los hallazgos como: el cierre de cuentas bancarias; la mayoría de las ventas en las empresas habían sido enviadas y préstamos pagados anticipadamente, la mayoría de ellos casi de inmediato.
Hasta el momento, las empresas de Salazar y Samayoa presentan un incremento injustificado de $48.1 millones de dólares, “estamos plenamente seguros que este monto podría crecer más”, dijo Cotto.
Las investigaciones de este caso iniciaron en 2014, luego de un proceso judicial contra Salazar, Juan Umaña Samayoa, Wilfredo Guerra, José Adán Salazar hijo, la empresa Gumarsal y Hotesa, por el delito de evasión de impuestos.
De acuerdo a la policía, por este caso de evasión de impuesto se inició la investigación de Lavado de dinero realizada por la Fiscalía General de la República y la Policía, donde se estableció el modo de operar de la estructura delictiva.
El máximo jefe policial indicó que ejecutan seis procesos de extinción de dominio y 50 allanamientos en los bienes inmuebles de los imputados.
El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, informó que allanan 26 empresas, entre hoteles, gasolineras, inmuebles, casas particulares, alguna situadas en occidente, Quintas y haciendas en Arcos de Santa Elena, quinta de Altamira y las Esmeraldas.
Meléndez informó que durante el periodo del Fiscal Luis Martínez, el caso fue archivado, no obstante, fue reabierto durante su administración, “sabemos que fue archivado el caso, que fue sustraída la información que está en los tribunales”, comentó.
