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Alessia Genoves
Colaboradora
José Napoleón Duarte Durán, ex-funcionario público e hijo del ex-presidente José Napoleón Duarte, ha recibido una demanda civil ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito que involucra a su grupo familiar, por un monto de $572 mil 15.22 dólares.
La demanda corresponde a los supuestos hallazgos irregulares que los acusados no pudieron justificar, cuando el ex-funcionario desempeñó sus labores en la administración pública entre los años 2009 y 2019.
Duarte Durán también ha sido implicado en el Caso Obermet. El señalamiento se constata en el expediente No. 149-2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fechado el 30 de septiembre de 2022. En el mismo, Duarte Durán enfrenta cuestionamientos por una presunta licitación irregular de contratos publicitarios por un monto de $1 millón 457 mil dólares a favor de la empresa Lemusimun S.A de C.V. durante su gestión como Ministro de Turismo.
Enriquecimiento Ilícito
En su demanda, la FGR detalla una serie de acusaciones contra Duarte Durán y los miembros de su grupo familiar. Durante su gestión como Ministro de Turismo, entre los períodos del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, y del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019, así como Director del Consejo Salvadoreño del Café (del 23 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2019) y Presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (en los mismos períodos que como Ministro).
El ex-funcionario supuestamente presentó 21 irregularidades en depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos, sumando un total de $126 mil 83.98 dólares sin justificar.
La esposa del ex-ministro, María Cristina Benítez de Duarte, también ha sido demandada por $79 mil 344.53 dólares, debido a 4 irregularidades relacionadas con la compra de un vehículo, depósitos a plazos y diferencias entre gastos e ingresos.
Asimismo, los hijos del ex-funcionario forman parte de la acusación de enriquecimiento ilícito, como es el caso de José Napoleón Duarte Benítez, por 23 irregularidades equivalentes a $218 mil 904.74 dólares en depósitos por transferencias electrónicas, préstamos y pagos a tarjetas de crédito.
También son demandados María Cristina Duarte, por 9 irregularidades que suman $64 mil 919.42 dólares, en depósitos efectivos y tarjetas de crédito. Y se implica a Juan Carlos Duarte Benítez, por 15 irregularidades equivalentes a $82 mil 762.55 dólares.
La FGR solicita, además, que se declare la inhabilitación del cargo para el ex-funcionario público, impidiéndole ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años.
¿Qué dijo la CSJ?
De acuerdo con el Acta No. 35 de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados realizaron observaciones y valoraciones sobre las acusaciones contra José Napoleón Duarte Durán y su grupo familiar. Inicialmente, la Sección de Probidad de la CSJ encontró 81 inconsistencias que ascendían a $1 millón 362 mil 918.39 en el caso del ex-ministro. Sin embargo, tras la presentación de pruebas, se desvaneció un monto de $790 mil 903.17, quedando un monto observado de $572 mil 15.22 dólares sin justificar.
En cuanto al caso del ex-ministro, la Corte Plena votó con 9 votos a favor, para declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito, ordenar un juicio por enriquecimiento ilícito ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, inmovilizar las cuentas bancarias y anotar preventivamente los inmuebles, además de remitir una certificación al Fiscal General.
Duarte y el Caso Obermet
En el expediente No. 149-2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, fechado el 30 de septiembre de 2022, se aborda el denominado Caso Obermet, con cuestionamientos por una presunta licitación irregular de contratos publicitarios que el Ministerio de Turismo, bajo la dirección de Duarte Durán, a favor de la empresa Lemusimun S.A de C.V. por un monto total de $1 millón 457 mil dólares, durante el período de 2015 a 2017, pese a que ésta fue declarada como “no elegible”.
