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Yanuario Gómez
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El pasado cinco de septiembre, Wendy Morales de 23 años, graduada con honores de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de El Salvador, quien además es actriz de teatro, activista pro derechos humanos y profesora de náhuatl, fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusada de extorsión.
Morales es acusada por la Fiscalía General de la República ante el Juzgado de Paz del municipio de Jocoaitique, departamento de Morazán, por un caso de extorsión del año 2014, en el que se exigía el pago de 500 dólares.
Según Rosa de Morales, madre de la joven, el día en que fue capturada, 4 agentes de la PNC llegaron a la casa donde ella reside junto a su familia en el municipio de Quezaltepeque, a las ocho de la noche, en primera instancia los policías manifestaron acudir al lugar por una denuncia de violencia intrafamiliar, luego por tráfico de drogas y finalmente revelan que su objetivo real era capturar a Wendy y llevarla a San Francisco Gotera.
Según el Ministerio Público, el número de teléfono de Morales aparece vinculado a los cobros de extorsión, los abogados de Wendy, detallaron que la joven había sido capturada por una extorsión realizada por delincuentes el 9 de abril de 2014, en la cual habían exigido $500 a la víctima a cambio de no matarla. El ofendido detalló a los extorsionistas que no tenía dicha cantidad, por lo que acordó con los pandilleros un pago de $150, cantidad que sería depositada ese mismo día a través de una transferencia electrónica al número 7549-3261, que en ese entonces, pertenecía a Wendy, según registros de la compañía telefónica
Según la madre de la Joven, Wendy está sufriendo un calvario, por olvidar reportar el robo de su celular, situación que la involucró en el caso de extorsión y que actualmente la mantiene tras las rejas. “Mi hija viajaba a pie y en transporte público en las rutas de buses más peligrosas de San Salvador, y a menudo recibíamos noticias de los asaltos que sufría”
La única prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra ella, es la llamada desde un número telefónico que aparece a su nombre. Sin embargo, según su madre, ese número de celular le fue robado en el año 2012, pero al parecer, la compañía telefónica no borró de sus registros que ese número ya no estaba a nombre de Wendy.
La Fiscalía presentó la bitácora de llamadas en que se relacionaba al número telefónico de la joven y la denuncia de la víctima, pruebas que fueron suficientes para decretar detención provisional contra la joven.
Por su parte, la defensa de la activista social presentó al juez comprobantes de las actividades a las que se dedica la joven, su arraigo personal y documentos que indican que nunca ha estado involucrada en estructura criminales.
Los familiares de la joven indicaron que, el pasado viernes 9 de septiembre, se realizó la audiencia inicial en su contra en Jocoaitique, donde el juez luego de leer la evidencia por el supuesto delito que cometió Wendy decretó detención provisional durante 4 meses mientras la FGR sustenta el caso y realizan la pertinente investigación.
Desde el momento que el caso de Wendy Morales se hizo público, ella y su familia han recibido muestras de apoyo de diversos sectores, Más de 30 organizaciones sociales se han unido para exigir justicia en el caso y piden la liberación de la joven.
También Elio Lemus, alcalde de Quezaltepeque se unió a las muestras de apoyo y lamentó la situación por la que está pasando Wendy.
“Ella es una joven destacada no solo por sus resultados académicos sino también por su servicio social alto, identificada con las causas sociales, trabajaba con sectores en riesgo como lo son jóvenes y poblaciones indígenas, toda la población del municipio la apoya, en mi caso como alcalde creo en la inocencia de ella”, declaro Lemus.
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