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Redacción Nacionales
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Los jueces del Órgano Judicial mostraron su rechazo a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial realizada por el oficialismo, días atrás, ya que establecen que todo aquel juez, jueza y magistrados de cámara, que estén por encima de 60 años o que hayan cumplido 30 años ejerciendo su profesión, serán cesados de su cargo. Los profesionales en derecho afirmaron que si el decreto no se deroga y se publica en el Diario Oficial podrían irse a paro general judicial.
Los jueces manifestaron que, con el decreto emitido por el oficialismo, se estaría violando el derecho de más de cien jueces, así como la violación del acceso a la justicia de la mayoría de víctimas cuyos procesos ya están en marcha. Por ejemplo, el Caso del Mozote “está en riesgo”, ya que aseguraron que el juez del Caso del Mozote se ha opuesto a las situaciones que no vayan a llevarle justicia a los afectados. De hecho, ha intentado hacer allanamientos y se ha visto una oposición desde el Ejecutivo.
Juan Antonio Durán, juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, manifestó que los diputados de la Asamblea Legislativa han cometido una inconstitucionalidad al aprobar un decreto que tiene vicios de forma y de fondo, ya que el legislativo no tienen iniciativa de ley para reformar el Órgano Judicial, y de fondo porque afecta la independencia de los jueces, ya que siempre van a continuar a disponibilidad de la Corte. “La estabilidad de los jueces es un requisito fundamental de su independencia”, detalló.
Por tanto, esperan que el decreto sea vetado por el presidente Nayib Bukele o que lo derogue la Asamblea. Si lo anterior no se logra, los funcionarios judiciales podrían realizar un paro. Así lo detalló Antonio Durán, “estamos valorando el paro judicial, reprogramar audiencias, durante dos semanas y que no haya audiencias en ese mismo tiempo”, detalló, mientras era aplaudido por sus colegas que estaban en sus alrededores. Señaló que esta medida no sería lo ideal, pero “es más caótico que se atrape y se secuestre el poder judicial, y que los ciudadanos tengan una justicia a la carta y que sus derechos y garantías queden supeditados a estar vinculados con el poder Ejecutivo”.
Este paro no abarcaría plazos constitucionales, audiencias iniciales para decidir la libertad o las medidas cautelares, así como tampoco los vencimientos de los plazos constitucionales y plazos legales de detención provisional.
Demandan al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Mientras, El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC) y CRISTOSAL en representación de los magistrados destituidos el primero de mayo por el oficialismo, presentaron una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que proceda a elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se pueda restablecer el orden constitucional de El Salvador que, según ellos, se perdió el primero de mayo.
La primera acción del partido oficialista el uno de mayo fue destituir “arbitrariamente” a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombrar a nuevos magistrados afines, “incumpliendo procedimientos constitucionalmente establecido”, señalaron. Agregaron que con la remoción de los magistrados de la Sala constituyó un golpe al sistema de frenos y contrapesos y a la independencia de órganos, provocando una desprotección a la ciudadanía que se va agudizando cada vez más.
Wilson Sandoval, de ALAC, señaló que, en la denuncia se solicita a la Comisión Interamericana, que una vez analizada y siguiendo el proceso establecido, condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado, reinstalando en sus cargos a los magistrados que fueron destituidos el primero de mayo.
Por tal acción, las organizaciones activaron los mecanismos internacionales disponibles para tratar de revertir los efectos de la decisión “inconstitucional” y “violatoria” de derechos humanos tomada por la bancada oficialista, que ha traído a la ciudadanía según las organizaciones, “desprotección, incertidumbre y retrocedo del Estado de Derecho en el país”. En ese marco, Zaira Navas, de la Fundación CRISTOSAL, dijo que esta demanda tiene como fin, revelar que “hay un proceso después del 1 de mayo en el que se le dio un golpe de Estado a la justicia de El Salvador por eliminar el sistema de contrapesos”, recalcó.
