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La suspensión de 369 diligencias judiciales y han afectado a 504 reos, imposibilidad de notificar a detenidos y riesgo de vencimiento de plazos procesales, fueron algunas de las denuncias de jueces y magistrados ante la declaratoria de emergencia en Centros Penales, ordenado por el Presidente Nayib Bukele, en todos los centros penales.
Jueces y magistrados enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para notificar sobre las afectaciones, entre las que también se encuentra la frustración de las audiencias vía videoconferencias desde los penales.
Los jueces señalan que debido a la emergencia existe el “riesgo de vencimientos de términos, ya sea de límite de la detención provisional, por la frustración de la celebración, iniciación o continuación de audiencias o diligencias”.
Desde hace una semana, el presidente de la República Nayib Bukele ordenó al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas y autoridades de Centros Penales declarar emergencia, por tiempo indefinido, en todos los centros penales.
“Que no reciban ni una un rayito de sol”, ordenó el presidente Bukele, luego que se conociera sobre el secuestro de cuarenta pasajeros en un autobús de la ruta 202 en el municipio de El Congo.
Sobre la legalidad de declaratoria de emergencia, los jueces puntualizaron en que ha sido establecida por tiempo indefinido, cuando la Ley Penitenciaria en su artículo 23 determina que el máximo es de quince días sin prórroga.
Además, los jueces agregan: “no se ha diferenciado el estado de emergencia, entre los reos comunes y los vinculados a crimen organizado, ni tampoco entre los distintos centros penales con diferente clasificación en el tratamiento penitenciario, lo que puede originar violaciones a derechos fundamentales en forma indiscriminada”.
Asimismo, los jueces expresan que “estados de emergencia declarados por la Dirección General de Centros Penales, los cuales son sometidos a control jurisdiccional, resultando que algunos han sido confirmados, total o parcialmente o denegados por falta de requisitos legales, por los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena (art. 24 de la Ley Penitenciaria)”.
Además, los jueces expresan que “existe información tergiversada sobre los fundamentos de las declaratorias de emergencias”, así como “se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional”.
Cabe destacar que los jueces y magistrados no brindaron declaraciones oficiales respecto a la carta dirigida al presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, que circulaba en redes sociales.
