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José M. Tojeira
La palabra juicio tiene desde el lenguaje varias acepciones. Un juicio puede ser un proceso legal en el que se llega a una sentencia, o puede ser un ejercicio de la razón que frente a varias posibilidades elige la que considera mejor. “Facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso”, nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua definiendo la palabra juicio. Por eso, cuando hablamos de jueces sin juicio, no nos referimos a jueces sin ocupación judicial, sino a jueces que carecen de la facultad racional para emitir sentencias que tenga la verdad y el bien necesarios que todo juicio debe tener. Esto es realmente preocupante, porque cuando los jueces están sometidos a una especie de razón instrumental que les marca objetivos determinados de antemano, la vida social se empobrece enormemente y se impide tanto el diálogo como la amistad social indispensables para el desarrollo humano.
Un caso ejemplar de lo que decimos es la orden de detención de la directiva de la Asamblea Legislativa de 1993 insistiendo en que la publicación de la ley de amnistía de ese período se convirtió prácticamente en un crimen de lesa humanidad. La jueza debe querer sentar jurisprudencia internacional, porque hasta ahora, de las múltiples leyes de amnistía internacionales, solamente la de El Salvador logrará esa calificación de instrumento criminal. Nuestra jueza, por lo visto, no dudaría en meter preso a Nelson Mandela si no estuvieran en la cárcel todos los que en Sudáfrica cometieron crímenes de lesa humanidad. En realidad, este tipo de juicios tratan de dos cosas: por una parte diluir las responsabilidades generalizando los crímenes.
Al final, si todos, o un número excesivo, son culpables, tendremos que dejar las leyes en paréntesis y tratarlos como inocentes. Y por otra parte, ese tipo de calificaciones legales absurdas, pueden servir para perseguir a opositores políticos, aunque ni siquiera hayan firmado la perniciosa ley. Si la ley de amnistía fue injusta, más injusta resulta la resolución de la juzgadora haciendo responsables de delito a quienes firmaron la publicación de una ley moralmente injusta y discriminatoria. Si todas las leyes injustas fueran delito, tendríamos muchas menos leyes y predominaría la ley del más fuerte. Por eso el artículo 125 de nuestra Constitución dice que los diputados “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. Lo único que puede y debe hacer el sistema judicial es declarar inconstitucionales las leyes que violen nuestra ley fundamental. ¿Dará orden de detención la jueza contra los magistrados que no declararon inconstitucional la ley de amnistía en los 23 años que estuvo vigente? Según su retorcido razonamiento tal vez debiera.
Cuando se multiplican las decisiones judiciales sin racionalidad, o con una racionalidad puramente instrumental, la ciudadanía debe exigir a los jueces un alto a la arbitrariedad. Los defensores del agua en Santa Marta, los detenidos con todos los rasgos de desaparición forzada durante el régimen de excepción e incluso algunos aspectos de la reforma a la ley de persecución del terrorismo muestran diferentes matices de arbitrariedad y mal uso de la racionalidad, elemento indispensable del derecho, como todos suelen decir. Si la jueza de Morazán, y no solo ella, tuviera interés claro en los delitos de lesa humanidad, tal vez investigaría, al menos con cierta acuciosidad jurídica, los casos actuales de desaparición forzada, que en algunas circunstancias pueden constituir delitos de lesa humanidad. En Israel la Corte Suprema anuló recientemente una ley que otorgaba al poder ejecutivo en algunos casos prerrogativas sobre el poder judicial. Entre nosotros domina la obediencia.
En todos los países se necesitan jueces independientes, dotados de racionalidad jurídica, conocedores y fieles a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por sus respectivos estados. Caminar en esa dirección es más importante que utilizar la ley y los juzgados para perseguir a los opositores. Ojalá nuestro sistema judicial recordara siempre aquella cita del consejo de D. Quijote a Sancho, tan sabia y racional: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”.
