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Editorial | Abriendo Brecha
Hace unas semanas el pueblo de Zaragoza le dijo adiós a José Mauricio Salazar de 38 años. Consternados e indignados, familiares y amigos responsabilizan a la Policía Nacional Civil (PNC) de haber abusado del poder, atentar contra la vida de un inocente alegando un “enfrentamiento armado” y vincularlo con grupos delictivos.
“La policía levantó un reporte en el que decían que él era pandillero, que era de la MS y que lo habían arrestado antes. Un reporte cochino (…) nada de eso es cierto. Todo el reporte es pura falsedad”, expresó el padre de la víctima, Miguel A.
Al joven Daniel Alemán de la colonia Alta Vista agentes policiales le implantaron marihuana, por lo que la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de droga. El Juez del Juzgado de Instrucción de Ilopango declaró nulo el proceso contra este joven, aunque sigue preso acusado de Extorsión Agravada por la Fiscalía; como resultado, dos agentes están detenidos acusados del delito de fraude procesal, ya que alteraron la escena para incriminarlo.
En un amplio reporte el periódico digital elfaro.net y la PDDH en su informe han desvelado lo que llaman una ejecución sumaria por la policía de los esposos Saidra Hernández y Óscar Mejía en San Felipe, San Pedro Masahuat; donde también murió la agente Ana Deysi Cabrera del 911 en circunstancias desconocidas.
Como estos hay más casos que se podrían mencionar. Sean errores del oficio o la acción deliberada de agentes o grupos dentro de la PNC, lo que está claro es que las autoridades deben seguir con atención estos casos y prestar más atención a las denuncias que se hacen.
La situación del país en materia de inseguridad no es fácil y el gobierno dobla esfuerzos para hacer frente a este flagelo que azota el país, cosa que hay que reconocer con honestidad, pero eso no da un cheque en blanco para actuar ni es una limitante para señalar los errores.
La labor de un agente, un fiscal o la de un juez es equiparable a la de un profesional de la salud, un mal diagnóstico o un mal procedimiento es capaz de arruinar la vida de una persona para siempre. ¿Cuántos de estos profesionales son conscientes de la responsabilidad que conlleva su profesión y la ejercen con rectitud?
Las denuncias por abusos de autoridad y maleados procedimientos por parte de agentes policiales y la Fiscalía son cada vez más frecuentes, que no se pueden obviar ni ignorar.
La Unidad Antipandillas y la Dirección Central de Investigaciones han saltado todos los semáforos en otro caso. El procesamiento de los jóvenes Manuel de Jesús y José Antonio de la comunidad Santa Marta, detenidos la madrugada del 25 de noviembre en el hospital de Sensuntepeque, está lleno de irregularidades y abusos de poder.
A Manuel le acusaron de resistencia a la autoridad. A Antonio de resistencia, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. En la audiencia realizada el 30 de noviembre, el Juzgado de Paz de Victoria dio instrucción con medidas sustitutivas por el arma. En el caso de Manuel, fue sobreseído. Sin embargo, cuando salían del Juzgado una patrulla con policías cubiertos del rostro, llegaron y los capturaron nuevamente.
Desde entonces a los jóvenes se les han negado el derecho constitucional al debido proceso y la asistencia legal, recluyéndoles en unas supuestas casas de resguardo que nadie conoce y donde a nadie dejan verificar el estado de los detenidos. ¿Qué tipo de cárceles son esas que nadie, salvo ellos saben dónde están y lo que pasa dentro? ¿A caso no son estas la mejor expresión de los más tenebrosos centros de reclusión clandestinos del pasado, donde se cometían los más brutales abusos a una persona, sin que nadie supiera lo que pasaba, porque nadie sabía dónde estaban ni quién era el huésped?
¿A que juega la Unidad Antipandillas y la Fiscalía General de la República en el caso de estos dos jóvenes? ¿A caso buscan culpar a alguien a costa de sacrificar aquellas garantías constitucionales más elementales, como el derecho a la defensa, apelando al principio de inocencia, garantías de un proceso limpio y transparente?
Si se cargan los dados en una investigación o procedimiento como en la detención del joven Daniel Alemán, está claro que lo que se pretende es tener a un enjuiciado.
Al joven Antonio tras su detención le colocaron una pistola que no portaba para justificar su detención acusándolo de tenencia y portación ilegal de armas.
La justicia es comprable y la Fiscalía tuerta, solo ve con el ojo acusador y su forma de resolver en muchos casos es haciendo todo lo necesario para condenar a alguien fraudulentamente.
El filtro para que esto no ocurra está en el buen trabajo de la Defensa o en caso contrario en la buena labor de la Fiscalía, porque también están quienes defienden a los sinvergüenzas. Pero lo que está claro es que si se altera la escena del delito todos podemos ser culpables. Con un mal procedimiento y sin defensa nadie sería capaz de demostrar su inocencia.
Para este 29 de mayo está programada la audiencia para estos jóvenes, pues la primera fue suspendida porque la Unidad Antipandillas en complicidad con la Fiscalía no presentaron a los jóvenes ante la jueza, aunque se tomaron la molestia de traerlos a Sensuntepeque.
Como dijo Lil Milagro Ramírez, mártir y poeta salvadoreña, en su poema “Pudiera Suceder”
“Cuide usted la sentencia, señor juez,
mejor dicho, recuerde,
que antes es la justicia que el derecho”.
1http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/chepe-otra-victima-del-abuso-policial/3555.
2http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/juez-confirma-daniel-aleman-no-llevaba-drogas/3667
3https://elfaro.net/es/201703/salanegra/19942/Cuando-la-Polic%C3%ADa-mata-a-la-familia-de-un-polic%C3%ADa.htm
4https://elfaro.net/es/201703/el_salvador/20154/PDDH-concluye-que-la-Polic%C3%ADa-ejecut%C3%B3-a-los-esposos-Mej%C3%ADa-Hern%C3%A1ndez.htm
