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José M. Tojeira
Una enorme cantidad de personas se divierten con juegos de números. El Sudoku es hoy uno de los más extendidos y publicados con frecuencia en los periódicos en sus páginas de pasatiempos. Jugar con números nos ayuda a agilizar la lógica mental, a medir la racionalidad de los precios, a hacer cálculos de ingresos o a cambiar procesos insostenibles.
En ese sentido, resulta interesante jugar con los números grandes que en política suelen usarse como propaganda. Jugando con ellos, poniendo en relación un número propagandístico o establecido con fines políticos, con otros números que brotan de la información oficial o de la misma realidad, nos damos cuenta de la racionalidad o la irracionalidad que se desprende de ellos.
Un ejemplo que nos puede ayudar a reflexionar sobre lo racional o lo irracional de la política es el número de novecientos acusados del mismo delito a los que se pretende juzgar simultáneamente en nuestros tribunales en virtud del régimen de excepción habitual.
Se pretende, así lo ha dicho un ministro, juzgar a grupos de 900 acusados en un mismo proceso a los capturados durante el régimen de excepción habitual. Suponiendo que se libera antes a un grupo de personas inocentes detenidas durante el alargado régimen de excepción, podemos hacer cálculos sobre 54.000 personas llevadas a juicio en grupos de 900. Necesitaríamos 60 juicios de ese estilo. La primera pregunta que surge es sobre dónde serían las audiencias. Hasta el presente el poder judicial no tiene ni una sala donde quepan 900 personas, más los fiscales, defensores, jueces y escribanos. ¿Se recurrirá a los estadios o a los parques? Toda una incógnita.
El siguiente número interesante es el de los defensores públicos. Según la información, la gran mayoría de los detenidos son personas de bajos recursos. Pongamos que el 80% necesitarían defensores públicos, un poco más de 40.000 personas. La Procuraduría General de la República, por su parte, cuenta con aproximadamente 300 defensores públicos en el país. Teniendo en cuenta que un juicio no es válido si el acusado no tiene un defensor público o privado, ¿podrán defender los defensores públicos con seriedad y eficiencia a 140 acusados?. Ya de hecho esos juicios están viciados por la no observación adecuada del principio constitucional de ser considerar inocentes a los acusados mientras no sean vencidos en juicio.
Pero ¿serán juicios válidos los que tengan en la defensa del imputado a defensores sin el tiempo adecuado para defenderlos? Hemos visto ya durante gobiernos anteriores al actual, cómo un solo defensor atendía a más de 40 imputados en una audiencia. Simplemente firmaba como defensor de los acusados, pero no hacía nada más por ellos que otorgarle su firma. Y los jueces que presidan los juicios de 900 acusados. ¿llegarán dispuestos a exigir a los defensores que cumplan con diligencia su labor? ¿serán capaces de acusar a defensores públicos por patrocinio infiel, cuando no hagan adecuadamente su función, más allá de la firma?
Los números no mienten. Plantean problemas si se les mira con objetividad. La pobreza, la vulnerabilidad, las masacres, la incidencia de enfermedades prevenibles, el salario mínimo se miden con números. Pero cuando se habla de problemas sociales, detrás de los números siempre hay personas. Los números son fríos, las personas son siempre miembros de la comunidad humana. Con los números se puede jugar, con las personas no, aunque a los políticos, con demasiada frecuencia, les guste jugar con ellas.
Los números hay que verlos, a las personas hay que atenderlas. Jugar con los números, interpretarlos o utilizarlos caprichosamente sin tener en cuenta la dimensión humana y los derechos de las personas solo refleja inhumanidad y violencia. Como decíamos hace algunos años, cruel inhumanidad “venga de donde venga”. Atender son seriedad los números y sus problemas, usarlos para medir avances y retrocesos, impulsar desde ellos una sociedad mejor nos ofrecería un poco más de esperanza.
