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Washington/AFP
por Jerome Cartillier/Alina Dieste
Un juez estadounidense bloqueó la derogación del programa DACA que otorga estatuto legal temporal a unos 690.000 jóvenes indocumentados, la mayoría latinoamericanos, anunciada por el gobierno de Donald Trump el año pasado.
El magistrado William Alsup, de San Francisco, ordenó al ejecutivo «mantener el programa DACA a nivel nacional en los mismos términos y condiciones que tenía antes de ser suprimido el 5 de septiembre de 2017».
Alsup aseguró en su resolución de 49 páginas que el argumento del Departamento de Justicia para eliminar este plan, apuntando que es ilegal, es «una premisa legal con fallos».
A menos de que una corte de mayor rango anule la decisión del juez, los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) podrán renovar sus permisos.
Este decreto, aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012, protegía de ser deportados a miles de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, los conocidos como «dreamers» (soñadores).
Pero Trump anunció en septiembre del año pasado su decisión de suprimir el programa, aunque dio seis meses de margen –hasta marzo– para que el Congreso encontrara una solución.
Estrategia en dos etapas
El mandatario presidió precisamente el martes un debate sobre el tema con legisladores, en el que sugirió un estrategia en dos etapas pero sin abandonar uno de los pilares de su campaña: el controvertido muro fronterizo con México.
Trump dijo apostar primero por una ley que contemple la cuestión de los jóvenes sin papeles y la seguridad fronteriza, y luego lograr una reforma migratoria más amplia.
«Debería ser una ley del amor», afirmó sobre la solución que confía dar a cientos de miles de jóvenes en riesgo de deportación.
«Pero también tiene que ser una ley con la que podamos asegurar nuestra frontera», enfatizó durante un encuentro con una docena de congresistas oficialistas y opositores, inusualmente abierto a periodistas por una hora.
El presidente se dijo incluso dispuesto a asumir el reto político de plantear un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en la sombra en Estados Unidos.
Una «reforma migratoria integral (…) es adonde me gustaría llegar eventualmente», explicó el mandatario, aclarando que esto puede no estar tan lejos si se hace «la ley correcta» ahora.
«Creo que se puede hacer muy rápidamente», afirmó, lamentando el grado de «animosidad y odio» entre demócratas y republicanos que marcó la vida política estadounidense durante muchos años.
«Muro» y «mérito»
Pero la «solución permanente» para los «dreamers» tiene condiciones vinculadas a la seguridad.
El presidente ha pedido durante mucho tiempo al Congreso fondos para levantar una barrera en el sur del país, con la que se propone detener la inmigración irregular y parar el tráfico de drogas.
«Necesitamos un muro», señaló a los legisladores el martes sin detallar la magnitud de la obra, aunque señaló que ya existen obstáculos naturales, como montañas o ríos, que pueden aprovecharse.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró en rueda de prensa que el mandatario no abandonó la idea, rechazada por México, de que ese país pague por la construcción.
En la reunión con los legisladores, Trump pidió además el fin de lo que llama «inmigración en cadena» (reunificación familiar) y la abolición de la lotería anual de la «green card» o permiso de trabajo.
«Me gustaría agregar la palabra ‘mérito’ a cualquier ley que se presente. Puedo decir que eso es lo que quieren los estadounidenses», dijo.
«Congreso cómplice»
Aunque Sanders garantizó que la reunión en la Casa Blanca había concluido a favor de una legislación que contemple «reformas que se necesitan de manera crítica», es incierto cómo se tramitará en el Congreso la solución para los «inDACAmentados».
Los líderes republicanos quieren que sea una ley independiente, mientras hay demócratas que buscan adjuntarla al paquete sobre el gasto federal que debe aprobarse antes del 19 de enero para evitar el cierre del gobierno.
El tema del DACA «no será parte de ningún acuerdo general del gasto», contó a periodistas el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, optimista sobre lograr un resultado antes de marzo.
Sin embargo, afectados por el fin del DACA y defensores de los derechos migratorios llamaron el martes al Congreso a actuar lo antes posible.
«Más de 15.000 personas, 850 por semana, han perdido su estatuto desde la derogación del DACA en septiembre. Sabemos que la urgencia es real porque estas son nuestras vidas», dijo Adrian Reyna, de la ONG United We Dream.
«¡Hagan su trabajo!», instó a los congresistas Kica Matos, directora del Center for Community Change Action, en la misma conferencia de prensa.
Los afectados por la decisión de la administración Trump de revocar en los últimos meses el Estatuto de Protección Temporaria (TPS, en inglés) a miles de centroamericanos y haitianos, que gracias a ese programa pudieron permanecer legalmente en Estados Unidos tras desastres naturales en su país, también exigieron al Congreso la pronta regularización de su situación migratoria.
«El Congreso es cómplice de la imposibilidad de crear una residencia permanente», indicó en un comunicado la National TPS Alliance.
