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WASHINGTON/Sputnik
El juez de distrito John Coughenour emitió este 23 de enero una restricción temporal para bloquear la orden ejecutiva del presidente de EEUU, Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, informó la cadena de noticias ‘CNN’.
El juez aceptó una solicitud de los fiscales generales de Washington y otros tres estados tradicionalmente demócratas, según el medio.
El 20 de enero, luego de su asunción, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EEUU, reinterpretando la Enmienda 14 de la Constitución, lo que afecta directamente a familias latinas.
Dicha orden se une a las otras con las que el mandatario republicano pretende combatir la crisis migratoria en el país, uno de los puntos torales de su campaña.
Tan solo en la víspera, el jefe de Estado firmó una nueva orden ejecutiva en la que ordena “repeler, repatriar y expulsar” a los migrantes ilegales que estén involucrados en “una invasión” hacia los Estados Unidos.
En un comunicado emitido desde la Casa Blanca, la Administración de Trump informó que el republicano firmó una nueva orden ejecutiva en materia migratoria, la cual ordena «garantizar la protección de los estados contra la invasión».
Trump anuncia despliegue de 10.000 soldados en la frontera con México
El Gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado una serie de medidas drásticas para controlar la migración en la frontera con México, que incluyen el despliegue de hasta 10.000 tropas militares activas y un aumento significativo en la capacidad de los centros de detención de migrantes.
Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el envío inicial de 1.500 tropas a la frontera, sumándose a las 2.200 ya desplegadas. Se prevé que el número total de tropas alcance las 10.000.
Las nuevas instrucciones a los agentes de la Patrulla Fronteriza incluyen deportar rápidamente a inmigrantes mexicanos tras registrar sus huellas digitales y negar el derecho al asilo a quienes crucen de manera no autorizada.
El Departamento de Justicia ha creado un «equipo de trabajo sobre ciudades santuario» que investigará a funcionarios municipales que desafíen las órdenes federales sobre control migratorio. Esto incluye medidas contra ciudades como Los Ángeles y Chicago, que han implementado leyes locales para proteger a los inmigrantes.
El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha identificado instalaciones adicionales que podrían duplicar la capacidad actual de detención a casi 100.000 personas. Esto incluye cuatro instalaciones grandes y otros sitios más pequeños.
Las medidas han generado preocupación entre las comunidades inmigrantes y han sido condenadas por legisladores del caucus Progresista del Congreso. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también ha presentado demandas legales para frenar estas políticas, argumentando que violan los derechos constitucionales y ponen en riesgo a familias enteras.
Estas acciones se producen en un contexto donde el Congreso ha enviado al presidente su primer proyecto de ley sobre migración, conocido como Ley Laken Riley, que permite la detención y deportación acelerada de inmigrantes indocumentados acusados de delitos, incluso menores.
La situación refleja un endurecimiento significativo en las políticas migratorias bajo la administración Trump, generando tensiones, tanto a nivel local como nacional respecto al tratamiento y derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
