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Redacción Nacionales
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El Juez de Instrucción, Jorge Guzmán, que ventila el caso de Lesa Humanidad conocido como la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informando que ante la emisión del decreto legislativo 144, que establece el retiro “obligatorio” a Jueces y Magistrados, pese a reconocer que es inconstitucional, anunció su retiro.
“Que siendo al parecer inevitable por parte de la Corte Suprema de Justicia, la aplicación del referido Decreto Inconstitucional -pues hasta ahora no asume la responsabilidad legal y ética de su inaplicabilidad-, en apego a él, ceso en mis funciones a partir del 26 del corriente mes y año”, anuncia el juez. “Estableciendo como únicas excepciones de mi retiro: i)La declaratoria de inaplicabilidad del referido Decreto Inconstitucional; ii)La derogatoria del referido decreto por la Asamblea Legislativa; y iii)La Adopción de medidas cautelares que cesen el efecto del decreto, y que podrían devenir de: la Corte IDH en seguimiento a cumplimiento de sentencia del año 2012, en el Caso de El Mozote y lugares aledaños”: de trámite de la demanda interpuesta por el colectivo de Jueces ante la Comisión IDH; o de la solicitud de medidas a la Cámara de Familia de San Miguel”, suscribió el reconocido juez en su escrito.
La Masacre de El Mozote y lugares aledaños, perpetrada por un combinado militar, que lideraba el Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios, a cargo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (BIRI) y con anuencia del Estado Mayor, en diciembre de 1981, dejó más de mil víctimas, en su mayoría niños, niñas, mujeres y ancianos, quienes fueron ejecutados, al estilo de las más oprobiosas masacres. Asimismo, el Juez Guzmán hace ver en su carta la violación de los principios constitucionales de independencia judicial, la estabilidad laboral y la protección de la familia.
“Que todo Reglamento, Instructivo o Acuerdo de Corte Plena que pretenda darle operatividad al referido Decreto, hereda ese vicio de inconstitucionalidad; sumando a que, las disposiciones tomadas en el Acuerdo de Corte Plena y el comunicado arriba relacionados, contravienen el mismo Decreto, pues este no contempla la renuncia de Jueces, indemnización por retiro, ni excepciones al retiro por el conocimiento de casos relacionados a delitos de lesa humanidad”, señaló.
La Masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido considerada por organizaciones internacionales como la más “brutal” en América Latina del Siglo 20.
Testimonios de sobrevivientes como María del Rosario López Sánchez, de 73 años de edad, oriunda del cantón La Joya, municipio de Meanguera, al Norte de Morazán, a quien le arrebataron a 24 de sus familiares el 11 de diciembre de 1981, aún continúa pendiente de la verdad, justicia y reparación da parte del Estado salvadoreño.
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, junto a CEJIL, presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 8 de marzo de 2011, luego que la Comisión IDH, acreditó ante las pruebas presentadas, la responsabilidad del Estado salvadoreño en numerosas violaciones a derechos humanos que perpetraron integrantes de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) en el Mozote y lugares aledaños.
“No cabe duda que las víctimas, quienes son el centro del proceso “El Mozote y lugares aledaños”, verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia, sin embargo, se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexcusable a la Constitución de este país. -Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”. “Por último, quiero abrigar la esperanza por la fe en Dios, que la Corte Suprema rectifique en el error de aplicar el relacionado Decreto 144 inconstitucional. -”De hombres es errar y de necios permanecer en el error” (Marco Tulio Cicerón)”, puntualizó.
Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que conforma la parte acusadora contra los militares involucrados en la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, expresó que el Juez Jorge Guzmán ya había manifestado ante el ofrecimiento del presidente de la Sala de lo Constitucional, que ha sido impuesto por la Asamblea Legislativa, a dejarlo continuar en el caso.
“El juez Jorge Guzmán Urquilla declaró en solidaridad con sus compañeros jueces, no aceptar esa excepción y decidió acompañarlos y renunciar a su cargo, en la fecha prevista por el Decreto, esto es una muestra de dignidad de los Jueces, que no se pueden burlar las leyes con ese tipo de decretos”, afirmó Mauricio.
Mientras, David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, y abogado de la víctimas de El Mozote y sitios aledaños, luego de conocer la carta de renuncia del Juez Guzmán Urquilla, debido a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de aplicar un decreto legislativo “arbitrario e inconstitucional”, que socava la independencia judicial.
“La Corte penosamente se ha sometido a un decreto inconstitucional, en prejuicio de decenas de jueces y juezas que verán violentado el debido proceso y su estabilidad de los cargos y perjuicio de la ciudadanía en general, que se verá afectada en la tutela judicial y en la garantía de acudir a los jueces naturales o jueces previamente establecidos por la ley, para que ventilen o sigan el trámite de sus casos”, manifestó.
“La postura del Juez Guzmán es coherente con la Constitución. Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, están viciadas de inconstitucionalidad, tanto el procedimiento seguido para aprobarla, mediante una iniciativa que no fue del órgano Judicial, sino de los propios legisladores (bancada oficial partido Nuevas Ideas)”.
En cuanto al fondo del Decreto 144, Morales acotó que violentan disposiciones constitucionales que establecen la independencia de poderes, como el Judicial, que establece su independencia en la estabilidad de los cargos de Jueces y magistrados que deben a la ley, pero no intereses políticos o sectoriales.
“En este sentido, el Juez Guzmán ha rechazado cualquier oferta o excepción de permanecer en el cargo, sobre la base de un decreto inconstitucional. El Juez no reconoce la constitucionalidad del espurio decreto de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y en ese sentido queda cesado de inmediato”, declaró Morales.
