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Por Aldo Gamboa
Washington/AFP
Un juez del estado de Texas (sur) acató el pedido de 26 gobernadores republicanos y bloqueó la aplicación de decretos migratorios anunciados en noviembre por el presidente Barack Obama, diagnosis hasta que una corte se expida sobre su constitucionalidad.
La decisión del juez Andrew Hanen, medicine del tribunal federal de Brownsville, detiene en seco un proceso puesto en marcha por el gobierno para beneficiar a un contingente estimado de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular y evitar su deportación.
Ese programa comenzaría a recibir pedidos de regularización este miércoles.
Los estados y jueces que patrocinaron la demanda ante el juez Hanen consideran que Obama se excedió en sus atribuciones presidenciales y que al ordenar acciones ejecutivas sobre la cuestión migratoria violó la
Constitución. Los estados alegan que las acciones anunciadas por Obama provocarán «daños dramáticos e irreparables».
En un extenso documento de 123 páginas Hanen tuvo el cuidado de no considerar ilegales las acciones de Obama, pero cuestionó el derecho del presidente de adoptarlas.
El juez destacó en su informe que las medidas anunciadas por Obama se refieren a un tema que el Congreso analiza. «No puedo apoyar un programa que no solamente ignora el dictado del Congreso, sino que activamente se propone frustrarlo», apuntó el magistrado.
La prensa estadounidense fue unánime este martes en recordar que Hanen fue nominado a su cargo por el ex presidente George W. Bush del partido republicano, el mismo al que pertenecen los gobernadores que promovieron el bloqueo.
Casa Blanca prevé apelación
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, afirmó en una nota emitida la madrugada del martes que la decisión del juez Hanen era equivocada, y recordó que «el Departamento de Justicia indicó que apelará esta decisión».
«La decisión del juez (Hanen) equivocadamente impide que estas medidas, legales y de sentido común, sean aplicadas», manifestó Earnest.
En tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó en un comunicado que la decisión del juez constituye «una victoria para el reinado de la ley en Estados Unidos y un primer paso crucial para cercar el desenfreno del presidente Obama».
En tanto, el republicano Greg Abbott, gobernador de Texas y promotor de la acción legal, dijo que la decisión de Hanen «correctamente detuvo el exceso del presidente». «La tentativa del presidente de eludir el deseo de los estadounidenses fue exitosamente contenido», añadió en un mensaje a la prensa.
La decisión se conoció la víspera del cominezo de recepción de formularios en las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para la incripción a una versión ampliada del programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
Una conferencia de prensa del USCIS sobre el tema fue cancelada a último minuto.
Melissa Crow, asesora legal del Consejo Estadounidense de Inmigración, destacó en una conferencia de prensa que la decisión del juez Henan «considera que el gobierno incumplió con una exigencia técnica.
Estamos convencidos que las medidas anunciadas por el presidente Obama están perfectamente dentro de sus atribuciones legales».
Por su parte, Marielena Hincapié, directora del Centro Legal sobre Inmigración, señaló que el juez Hanen buscó «crear confusión y generar miedo en nuestra comunidad». «Estamos seguros que cuando el
Departamento de Justicia presente su apelación, el proceso será adelante».
Para la asesora legal Debbie Smith, «nuestro mensaje a las personas (que planeaban solicitar regularización) es: no entren en pánico, sigan preparándose, sigan juntando documentos; porque esto es un bache en el camino, no es el fin del juego y la justicia se impondrá».
El gobierno mexicano lamentó la decisión del juez Hanen y aseguró que redoblará sus esfuerzos para brindar información y asistencia a sus ciudadanos en Estados Unidos y les alertó sobre «posibles engaños y fraudes migratorios».
Guatemala, con más de 1,3 millones de inmigrantes en EEUU, también lamentó la decisión.
Congreso inmóvil
Obama anunció en noviembre un paquete de medidas para sacar de la irregularidad a millones de inmigrantes, por considerar que el Congreso ha desmostrado ser incapaz de aprobar una reforma migratoria completa.
El Senado llegó a aprobar en 2013 un ambicioso proyecto de ley de reforma del sistema legal sobre migraciones, que luego quedó empantanado en la Cámara de Representantes (diputados).
Con la oposición republicana ahora en control de las dos cámaras del Congreso el proyecto es considerado letra muerta.
La situación llegó a tal punto que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, órgano responsable de aplicar las medidas de alivio migratorio) tiene presupuesto aprobado apenas hasta el 27 de febrero.
Un proyecto de ley impulsado por los republicanos establece un presupuesto para ese Departamento pero elimina de un plumazo los recursos para medidas migratorias. Hasta ahora, los Demócratas han bloqueado la votación de esa ley.
